Se duplican las solicitudes
En educación, las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) son principalmente por el tema de la inclusión educativa, como niños con discapacidad, autismo, hiperactividad o déficit de atención, informó su titular, Miguel Óscar Sabido Santana.
“Estos niños muchas veces son remitidos a los Centros de Atención Múltiple (CAM) o a las escuelas normales, pero no reciben atención adecuada porque no hay especialistas, algunas escuelas tienen Usaer, pero muchas veces no son suficientes para atender a los niños que presentan problemas”, dijo Sabido Santana.
Explicó que un maestro regular, además de atender a un salón con muchos alumnos, tiene que atender a un niño con discapacidad motriz, invidente, sordo, o con autismo.
Le siguen en menor número las quejas contra autoridades administrativas, como el Centro de Readaptación Social, el Registro Civil, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Issstey) y el Instituto del Deporte en Yucatán (IDEY).
El ombudsman yucateco indicó que este primer semestre del año se ha duplicado el número de solicitudes de personas que han acudido a la Codhey, pues en comparación con 2018, de enero a junio se han formado 800 expedientes de gestión.
Con respecto a las quejas, el titular de la Codhey dijo que son muchos factores los que han propiciado su aumento; en primer lugar, destaca el cambio de gobierno, pues tanto las autoridades que se fueron como las que llegaron incurrieron en actos que podrían derivar en estas quejas.
“Los que se iban ya no le prestaban atención a las demandas ciudadana, por ejemplo, si llegan nuevos policías a los municipios, tienen que capacitarse y en ese proceso puede haber quejas”, dijo el presidente de la Codhey.
A eso, dijo, se suma la cultura de la denuncia que ya hay en Yucatán, pues la gente ya conoce más sus derechos y acude a las instituciones. Eso habla también de que confían en la Codhey.
“Aquí nosotros tenemos que acrecentar nuestra capacitación de difusión y promoción, enseñanza de los derechos humanos, para que la sociedad y los servidores públicos tengan cultura de respeto de ellos y así pueda disminuir el número de quejas”, indicó.
Sabido Santana dijo que las principales quejas son: prestación indebida del servicio público, “vas a que una autoridad te dé un servicio y no te lo brinda o lo hace mal”. La segunda es detención arbitraria, y la tercera es lesiones o golpes y trato cruel, inhumano o degradante.
“Entre estas tres se genera un setenta por ciento de las quejas”, aseguró.
Entre las autoridades señaladas como presuntamente responsables de violaciones a derechos humanos encabezan la lista la SSP, con 72 registros; la Policía Municipal de Kanasín, con 14, y la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación del Estado, con seis.
Le siguen las Policías Municipal de Izamal, de Mérida y de Progreso, con 4 registros, y el Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso), Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) e Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, (IDEY), con 3.
Entre los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos por expediente encabeza la lista la prestación indebida del servicio público con 104 expedientes, detención arbitraria, 90; lesiones, 64; trato cruel, inhumano o degradante, 33; amenazas, 28; robo, 20; retención ilegal, 19; allanamiento de morada, 17; violación del derecho de menores a que se proteja su integridad, 15.
Le siguen incomunicación, 13, violación a los derechos del niño, 13; violación al derecho al trato digno, 11; violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, ocho; e inactiva o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencias del sector salud, siete.
¿Las agresiones han aumentado?
Cuando son violaciones graves, como una agresión o abuso sexual, sobre todo si fue contra un menor de edad, no podemos conciliar, porque son hechos graves. La SEP tiene un protocolo contra el abuso sexual infantil.
No intervenimos cuando hay abuso sexual contra un menor, por ejemplo un maestro o un empleado de salud.
La Segey es la que denuncia, cuando vemos que ya están interviniendo, no encubren, nosotros solo damos seguimiento, no abrimos queja porque vemos que ya intervino la autoridad, porque el que comete abuso además de la sanción penal, puede ser sujeto de una sanción administración, como suspensión, amonestación, separación del cargo.
Cuando se da entre particulares, ahí el Ministerio Público interviene. Lo que sí podemos hacer cuando conocemos de un caso es interponer una denuncia.
En relación con las mujeres y sus denuncias dijo que cada vez están más informadas de sus derechos y piden que se respeten.
Sí acuden a la Codhey muchas mujeres, pero la mayoría de la violencia contra ellas se ejerce en el plano doméstico: el marido, el hijo, el papá, el vecino, el amigo, el novio que agrede a una mujer. “Nosotros no vemos esos casos, no son de nuestra atribución, pero estamos pendientes y las orientamos a que acudan a las instancias que puede ser el Ministerio Público, la Casa de la Mujer, la Secretaría de las Mujeres”, dijo el funcionario.
Comentó que también participan en consejos de igualdad y de combate a la violencia contra la mujer y ofrecen capacitación.
“Ha aumentado no solo la violencia contra la mujer sino la violencia en general. Yucatán es seguro y hay que seguir trabajando para que siga así”, destacó.
En lo relativo a las condiciones de las cárceles en los municipios, Óscar Sabido señaló que varios están mejorando las condiciones. “Hemos hecho requerimientos a los municipios, hicimos una recomendación general para que se mejoren las condiciones de las prisiones, queremos firmar convenio con ayuntamientos para que estén más al pendiente ya que muchas veces por descuido de policías hay gente que se suicida en las cárceles, por falta de cuidado y atención”.
Aseguró que será tema continuo y permanente, un asunto que por más que se ha señalado mucho tiene que ver con la movilidad de la gente que está a cargo de las cárceles.— Luis Iván Alpuche Escalante
Fuente: Diario de Yucatán
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