• Es una población que generalmente es dejada atrás y excluida en los planes de emergencia: Carlos Ríos. • Las niñas y niños con discapacidad tienen los mismos derechos a ser escuchados y participar en las decisiones que les afectan, no son muebles, no son apéndices de las familias: Jorge Cardona. • Niñas y niños con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir abusos: Lizbeth Brizuela. • Niños, niñas y personas jóvenes con discapacidad están tan excluidos que les impiden conocer sus derechos: Juan Martín Pérez García.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que a la fecha existen 900.306 casos confirmados de COVID-19 en el mundo y el número de fallecidos asciende a 45.693, por ello, y con el fin de resguardar las salud y la vida de las personas, varios países de América Latina y Europa han declarado emergencia sanitaria implementando políticas estrictas para la prevención, como la sana distancia y en algunos casos el aislamiento. [1]
Sin embargo, de acuerdo con expertos, muchas de estas medidas no han contemplado la situación de las personas que viven con alguna discapacidad, en ese entendido, el proyecto #TejiendoRedesInfancia, cofinanciado por la Unión Europea; en un esfuerzo por sensibilizar a la sociedad civil, medios de comunicación y autoridades, realizó el Webinar: “Situación de niñas, niños y jóvenes con discapacidad frente a la pandemia COVID-19”. Actualmente, de acuerdo con UNICEF, en América Latina y el Caribe existen 8 millones de niñas y niños menores de 14 años de edad que padecen algún tipo de discapacidad, 50.000 niñas y niños con discapacidad viven instituciones y 8 de cada 10 no asisten a la escuela. [2]
Durante la conferencia virtual, participaron expertos internacionales de España y México, quienes expresaron preocupación por la ausencia de políticas públicas específicas para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con alguna discapacidad. Señalaron que, a pesar de haber implementado diversas acciones para reducir el número de contagios y muertes por COVID-19, muchos gobiernos no cuentan con protocolos para proteger a las personas con discapacidad.
Al respecto, Carlos Ríos Espinosa, Investigador yes vicepresidente del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, señaló que “desafortunadamente en regiones del mundo donde las políticas públicas y los entornos institucionales están debilitados, es una población que generalmente es dejada atrás y sin posibilidades de estar incluidas en los planes de emergencia para prevenir que sea contagiada”.
Explicó que otro sector importante a considerar son las niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones, debido a que estos lugares podrían convertirse en focos de infección, por la cantidad de personas, el poco personal o infraestructura. Recomendó asumir medidas para que las niñas y niños que encuentran en estos lugares puedan regresar con sus familias o reforzar las medidas sanitarias para garantizar el bienestar de todas y todos.
Por su parte, Jorge Cardona, abogado, experto internacional, ex integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, manifestó que hay un olvido por parte de las autoridades al momento de crear o implementar medidas para frenar la pandemia de COVID-19, principalmente para este sector quienes, por su condición, están más expuestos a ser víctimas de contagio “se están olvidando de las niñas y niños con discapacidad cuando adoptan las medidas de alejamiento social, las medidas de cierre de centros, se olvidan que las niñas y niños no son como los adultos y necesitan poder ejercer sus derechos, además de que tienen una situación especial vulnerabilidad”, dijo.
Cardona argumentó, que las medidas existentes como la educación online no se adecuan a las necesidades de las niñas y niños con discapacidad, ya que padecen distintos tipos de discapacidad; otro factor relevante es la economía, ya que muchas familias no cuentan con recursos necesarios para protegerles, señaló que “es importante tener en cuenta que las niñas y niños con discapacidad tiene el mismo derechos a ser escuchados y a participar en las decisiones que les afectan, no son muebles, no son apéndices de los padres, no se trata solo de protegerlos, se trata de que también puedan ejercer sus derechos en libertad”.
Lizbeth Brizuela, Directora para México de Disability Rights International (DRI) mencionó que es muy importante apoyar a las familias o cuidadores de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad para que éstos puedan regresar a sus hogares y puedan desarrollarse en un entorno protector, de igual manera, agregó que ante la imposibilidad de hacer una supervisión presencial es necesario realizar monitoreo y supervisión de las instituciones – donde las y los niños con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir abusos- a través de otros mecanismos “deben incluir cámaras, buzón de quejas, servicios de protección y acceso a la justicia especialmente para niñas y niños con discapacidad, ya que muchas veces los perpetuadores de los abusos son los mismos directores o cuidadores”.
Al respecto, Juan Martín Pérez García, Coordinador del Proyecto #TejiendoRedesInfancia en América Latina y de Caribe, señaló que como niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad generalmente se encuentran en una condición de dependencia “es muy difícil que puedan exigir la garantía de sus derechos en su entorno familiar o comunitario y más aún con el Estado, esto genera una condición muy grave frente a la emergencia sanitaria en la que se están colocando otras prioridades y por lo que ellas y ellos quedan invisibles”.
Finalmente los expertos coincidieron en que los Estados deben crear políticas públicas que se adecuen a las necesidades de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, que les permitan participar en la toma de decisiones y que además hagan visibles problemáticas como la violencia a la cual están expuestos por su condición, situación que podría incrementarse por las medidas impuestas para frenar el avance de la pandemia de COVID-19.
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