FCC Construcción S.A., constructora que ganó en consorcio con Operadora CICSA SA. de CV la licitación del segundo tramo del Tren Maya por más de 18 mil 500 millones de pesos, fue imputada en octubre del año pasado en España por pagar presuntamente sobornos por 82 millones de euros a políticos y funcionarios de Panamá a cambio de obras públicas en ese país.
Para estas obras en Panamá, FCC Construcción iba en consorcio con Odebrecht; la constructora brasileña célebre por el pago multimillonario de sobornos a múltiples gobiernos de América Latina para conseguir contratos, incluido México, donde el caso involucra a Emilio Lozoya, el extitular de Pemex que actualmente se encuentra detenido en España en espera de su extradición.
Tras el anuncio del fallo de la licitación del segundo tramo del Tren Maya, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), órgano gubernamental encargado de esta obra, destacó que el consorcio Operadora CISA SA de CV, subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim, y FCC Construcción, de la que también es accionista el empresario mexicano, fue la mejor opción, pues presentó “la mejor relación calidad-precio”.
Además, la dependencia mexicana expuso en un escrito que en el proceso de selección intervino la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la cual realizó “un análisis independiente al proceso de revisión de propuestas realizado por Fonatur, y manifestó su conformidad de acuerdo con estándares internacionales”.
Por su parte, el consorcio CICSA-FCC dijo a Animal Político que el caso que investiga la justicia española es de unos contratos de 2010, años antes de que en 2016 Grupo Carso adquiriera la mayoría de las acciones de esta empresa. Y que, desde la llegada de Carso, FCC ha colaborado con la justicia española para esclarecer los presuntos actos de corrupción en los contratos de obra pública con Odebrechet en Panamá.
El pasado 24 de abril, el fallo del primer tramo del Tren Maya también desató la polémica, luego de que se diera a conocer que China Communications Construction, una de las ganadoras de la licitación por más de 15 mil millones de pesos, también acumula acusaciones internacionales de corrupción y pago de sobornos a gobiernos extranjeros.
De hecho, en 2011, esta constructora china fue sancionada e inhabilitada durante siete años por el Banco Mundial por prácticas fraudulentas, aunque Fonatur matizó que la sanción ya no está vigente y que, por lo tanto, podía participar en la licitación que acabó ganando.
La imputación en España por corrupción
Fomento Construcción y Contrata SA (FCC Construcción SA) fue imputada el 30 de octubre del año pasado por el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional de España, la cual se encarga de delitos relacionados con el crimen organizado, como terrorismo o narcotráfico, así como aquellos cometidos fuera del país pero que corresponde juzgar a las autoridades españolas.
Animal Político tuvo acceso al auto de imputación en el que el juez Moreno detalla la presunta trama delictiva de la siguiente manera:
FCC Construcción constituyó un consorcio con Odebrecht, liderado por la constructora brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio ganó en 2010 los contratos de las líneas 1 y 2 del metro de Panamá, y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
Hasta ahí, todo normal.
Sin embargo, en 2017, tras el estallido mundial del escándalo de corrupción Lava Jato, también conocido como el caso Odebrecht, la fiscalía española inició una investigación de las operaciones del consorcio FCC-Odebrecht, y el 17 de octubre del año pasado pidió a al juez que dirigiera el procedimiento contra FCC Construcción SA, y contra sus filiales FCC Construcción Centroamérica SA y Construcciones Hospitalarias SA.
El juez acusa a la constructora española y a sus filiales de que habrían servido de “sociedad pantall” para blanquear el dinero de los sobornos, ocultarlo y triangularlo, parra obtener las adjudicaciones en Panamá.
Los indicios encontrados en la investigación, con apoyo de las autoridades de Suiza, apuntan que directivos de FCC Construcción y de Odebrecht habrían diseñado un “esquema de corrupción repetido” que consistía en inflar facturas al doble de su precio en el suministro de acero para construir las dos líneas del metro de Panamá.
También se detectaron “facturas simuladas” en servicios como “proyectos de ingeniería de diseño, construcción de obras civiles, o instalaciones auxiliares de la Línea y Estaciones”.
“Estos servicios nunca se prestaron y solo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil”, subraya el auto.
Según la Fiscalía, FCC Construcción y sus directivos “conocían que los precios de compras se iban a inflar, a sobrefacturar en más del doble de su precio de adquisición”.
El suministro de acero, inflado en precio y cantidad, habría sido facturado a cargo del contrato público. Por lo que, el dinero para los sobornos destinados a políticos y funcionarios panameños se habría obtenido a cargo del propio contrato público. Es decir, del erario de Panamá.
El desvío de dinero obtenido de esos sobrecostos y simulación de servicios se hacía a través de prestanombres y de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y de Odebrecht, que ya prestaron declaración ante la justicia española como imputados por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
En el caso de los contratos de la Ciudad de la Salud de Panamá, el juez Moreno acusa a FCC Construcción y sus filiales de haber ejecutado el pago de sobornos a través de una red de empresas off shore en paraísos fiscales, “que transfirieron los fondos para el pago de dádivas”.
El pago de los sobornos en este caso se habría hecho a través de cuentas bancarias en Andorra y Suiza, cuyos titulares eran prestanombres de directivos de Odebrecht.
Previo a la imputación, en mayo y junio del año pasado, la constructora FCC trató de anticiparse a las acusaciones de la justicia española y presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra varios de sus altos directivos, que ya fueron cesados de la compañía, y aportó documentación sobre los acuerdos comerciales con Odebrecht en relación con las obras en Panamá.
Para el juez, las ‘autodenuncias’ presentadas por FCC Construcción, más su investigación, es prueba de que varios altos directivos de la constructora española participaron, presuntamente, en acuerdos con directivos de Odebrecht “y su entramado de sociedades pantallas” para cometer actos de corrupción en el pago de 82 millones de euros en sobornos. Y no solo en obras públicas de Panamá, sino también en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
Sin embargo, estas acusaciones no libraron a la constructora de la imputación. El juez del caso consideró que la empresa “no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.
Según publicaciones en España, el juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional tendría indicios de que la constructora habría pagado comisiones ilegales por importe de 306 millones de euros (casi 8 mil millones de pesos) para construir dos grandes viales en la capital de Panamá.
La respuesta de CICSA-FCC
Ante esta imputación ante la justicia española, Animal Político buscó a Operadora CICSA, empresa de Grupo Carso, de Carlos Slim, que tiene también la mayoría del accionariado de FCC Construcción.
A través del departamento de comunicación de CICSA, la constructora de Slim recalcó que los contratos en Panamá investigados por la justicia española son del año 2010, “mucho antes de que Grupo Carso tuviera ni una sola acción” en FCC.
Y, además, subrayó que, a raíz de la llegada del Grupo Carso a FCC, y a partir de una serie de cambios operativos y administrativos en la constructora española, la colaboración con la justicia de España para investigar estos contratos es plena y transparente.
“Desde que estamos dentro de FCC y se tiene el control de ésta, no ha sucedido ningún otro acto de corrupción”, hizo hincapié el departamento de comunicación de CICSA a este medio.
“Como CICSA, lo que nosotros sabemos es que vamos aliados con una de las mejores empresas constructoras que hay en Hispanoamérica, que es FCC”, añadió el departamento de comunicación, que señaló que tras el caso de Panamá “la empresa ha seguido operando de manera normal”.
“Incluso, ha ganado contratos muy importantes en España, como la remodelación del estadio de fútbol de la comunidad de Madrid, La Peineta, o el contrato para remodelar el estadio del Real Madrid”, agregó CICSA.
Fuente: Animal Político
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