El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresó que la reforma aprobada entraña una violación al voto público, al artículo 105 constitucional, a la soberanía popular y en contravención de la Convención de Derechos Humanos que ordenan la celebración de elecciones libres y periódicas.
Por unanimidad de 11 votos, y por considerar que se trató de un fraude constitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma que aprobaron diputados del Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla.
De esa forma, su período como gobernador concluirá el 30 de octubre de 2021, y no en 2024 como pretendía
Los 11 integrantes de la Suprema Corte avalaron el proyecto presentado por el Ministro Fernando Franco, quien acumuló las cinco acciones de constitucional presentadas por partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, por 10 votos, el pleno acordó excluir a la CNDH como órgano facultado para presentar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Los Ministros felicitaron a su colega, Fernando Franco, por la pulcritud en la elaboración del proyecto.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, expresó que la reforma aprobada el 23 de julio de 2019 entraña una violación al voto público, al artículo 105 constitucional, a la soberanía popular y en contravención de la Convención de Derechos Humanos que ordenan la celebración de elecciones libres y periódicas.
Expresó que todas estas violaciones son muy graves, y eso sería suficiente para declarar la invalidez de la norma aprobada por el Congreso de Baja California, pero se trató además —subrayó— de “un verdadero fraude electoral a la Constitución”.
Advirtió que esta situación no se puede convalidar con una “consulta popular” que mandó a hacer Jaime Bonilla, aún como Gobernador electo, ni tampoco justificada en la emergencia sanitaria que vivimos.
El Ministro Luis Maria Aguilar coincidió en que esta reforma violó los principios de certeza, de no reelección y retroactividad.
Destacó que el principio de no reelección prevalece para titular del Ejecutivo federal y de los Gobernadores del país.
En el mismo sentido, la ministra Norma Lucía Piña afirmó que se trató de “un atentado contra la democracia y la Constitución”.
Los ministros Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat se pronunciaron por el respeto al voto que emitieron los ciudadanos de Baja California. La ministra Ríos calificó como “indignante” el hecho, e indicó que antes de la elección del 2019, en el Congreso de Baja California diputados intentaron hacer cambios a la ley electoral, pero de cualquier forma no podrían haberlo logrado porque dichos cambios sólo podrían hacerse antes de 90 días del inicio del proceso electoral.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la Constitución federal no puede ser interpretada como texto sin contexto, pues deben tomarse en cuenta los valores que de ella surgen.
Mencionó que el mandato del cargo público no es una mera prerrogativa de su titular ni puede ser modificada a placer. Advirtió que si una norma desatiende los principios de certeza, lesionaría las bases del sistema democrático, y en el caso de la reforma aprobada en Baja California “ataca el corazón del sistema democrático”.
El ministro Jorge Pardo indicó que la Constitución de Baja California estableció desde el 2014 que el período del gobernador sería de dos años, por que al celebrarse la elección en junio del 2019, fue sobre esa base. Por ello, aseveró que al aprobarse la reforma a posteriori, “incidió sobre un elemento determinante y violentó de manera sustantiva los principios de certeza y legalidad” de los comicios.
El Ministro Alberto Perez Dayán llamó a que las reformas que aprueben los Congresos estatales se apeguen al texto constitucional, y a que los ciudadanos sean vigilantes de que sus candidatos y gobernantes cumplan con el respeto a las leyes.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó que “vivimos en un orden constitucional” y que el conocimiento de estas disposiciones devienen en leyes, no por caprichos y normas. Texto e Imagen El Economista
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