*La Pandemia de COVID-19 ha eclipsado las frágiles respuestas del gobierno mexicano, permitiendo un incremento de las violencias contra la infancia
*El gobierno federal continúa militarizando la vida del país sin lograr frenar la impunidad, ni la violencia armada del crimen organizado
*Es urgente crear el #Proyecto26 que coloque como prioridad del gobierno federal, una estrategia Nacional frente a la violencia armada contra la niñez
En el marco del 4 de junio: Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, #REDIM; Red por los Derechos de la Infancia en México, reitera el llamado al Estado mexicano y a la sociedad en general a reconocer el dolor que sufren las niñas, niños y adolescentes en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó sus promesas de campañas de concluir la guerra iniciada por Felipe Calderón, y regresar al ejército a los cuarteles para fortalecer la institucionalidad del Estado en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Lamentablemente avanzó en sentido contrario a la construcción de paz, entregando más presupuesto y control estratégico a las fuerzas armadas.
De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo durante los primeros cuatro meses del 2020, se han registrado 822 homicidios en niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce a aproximadamente 7 víctimas diarias (6.8 víctimas fatales).
Más de la mitad de los casos se encuentran en Guanajuato (144), Michoacán (82), Estado de México (56), Oaxaca (49), Baja California (38), Jalisco (38) y Chihuahua (38).
El contexto actual es reflejo de la cultura de militarización que ha dejado la fallida estrategia de seguridad. Es necesario reconocer que la estrategia de guerra contra el crimen ha fracasado, impactando negativamente el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, lo cual se verá .
Con el acuerdo militarista firmado en semanas anteriores por el Ejecutivo Federal, continuando con la misma fórmula de las administraciones anteriores, que han sumido al país en una “Guerra contra el crimen” dejando cifras mortales superiores a las de países en guerra explícita.
En México según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, al 31 de diciembre de 2019, existen 11,072 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Las principales entidades federativas con casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos son Tamaulipas (1,611), Estado de México (1,503), Puebla (1,185), Jalisco (917), Chihuahua (739) y Nuevo León (726).
Sólo en 2019, en México desaparecieron 2,720 niños, niñas y adolescentes; de éstos, 1,713 han sido localizados y 1,007 siguen desaparecidos, lo que significa que el año pasado en promedio desaparecieron 6.9 niños, niñas y adolescentes al día.
Las víctimas inocentes de esta guerra son niños y adolescentes que siguen invisibles para el Estado mexicano, y son quienes padecen las principales consecuencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha llamado al gobierno federal a tomar medidas urgentes frente al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales – se desconoce el número exacto de víctimas- ya que investigaciones independientes señalan que por lo menos hay 30 mil niños y adolescentes en las filas del crimen organizado.
Son usados como informantes de los grupos armados, quienes los involucran en prácticas militares, procesamiento de sustancias, comisión de delitos de alto impacto como homicidios, mutilaciones y desapariciones, al tiempo que ellos mismos son sometidos a abusos y explotación sexual, sufren lesiones o incluso son asesinados como resultado del reclutamiento forzado.
Ante esto recordamos los llamados realizados con anterioridad, urgiendo al Estado mexicano para que niñas, niños y adolescentes sean parte de las prioridades de la agenda federal.
El pasado 6 de enero presentamos la solicitud formal a la presidencia de la República de crear el #Proyecto26, una estrategia nacional de prevención y protección integral de la niñez frente al violencia armada, en el marco de la cultura de paz; instando a construir alternativas basadas en la comunidad, el fortalecimiento de las instituciones de infancia, la participación de la niñez y juventud en la prevención de la violencia, y especialmente importante avanzar en la construcción de paz en los territorios más conflictivos.
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