José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc. 18 de junio– La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Milagros Romero Bastarrachea emitió un oficio al presidente municipal de Progreso, demandando un informe detallado de las presuntas agresiones, tortura y daños contra una maestra, vecina de esa localidad.
Explicó que, por segunda vez en tres meses, los agentes de seguridad pública del municipio de Progreso se ven envueltos en hechos de abusos, agresiones, tortura y ahora, hasta un presunto homicidio, violando insistentemente las garantías individuales de los ciudadanos de ese municipio, sin que haya una explicación y consecuencias para los agentes.
El día de ayer se dio a conocer por redes sociales la denuncia de una maestra progreseña con dos meses de embarazo, que junto con su esposo fue detenida en horas de la madrugada de manera ilegal, abusada, vejada, torturada y donde presuntamente perdió a su bebe por la golpiza que recibió a manos de varios agentes, incluyendo una mujer policía, al mando del grupo de ataque.
Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano recalcó que, urge a Yucatán revisar protocolos de actuación de los agentes de seguridad pública estatal y municipal, así como reportes permanentes de las condiciones psicológicas y emocionales de los elementos que integran las agrupaciones de seguridad pública y organismos judiciales en el estado.
No es la primera ocasión que elementos de Seguridad Pública, estatal y municipal son señalados por su actuación en el sobre uso de la fuerza, mecanismos operativos, tortura, abusos y faltas en el proceso de responsabilidad en materia de Derechos Humanos.
La legisladora apuntó que, hasta presente información, la maestra agredida no ha presentado una denuncia de hechos ante el Ministerio Público para conocer a detalle los alcances de los abusos cometidos contra su persona y su esposo, a quienes retuvieron de manera ilegal, vejaron, golpearon y torturaron un número aún no establecido de elementos de seguridad pública pertenecientes al cuerpo policíaco de Progreso.
Yucatán es el estado con el menor porcentaje de delitos dolosos, pero suceden y a menudo, repuso a manos de los agentes de seguridad pública. Es vergonzoso apuntó que, estos delitos sigan y más terrible que, hasta hoy, no hay ningún agente sancionado y que esté purgando condena por las faltas que cometen.
Milagros Bastarrachea dijo que este día, se emitió un oficio desde la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, al presidente municipal de Progreso Julián Zacarías, para que informe de manera detallada la investigación sobre esta denuncia pública se está realizando. También, los remedios y sanciones que se aplicarán para reducir las condiciones de los abusos, agresiones e insistentes actos de violencia de los uniformados progreseños.
Hasta este momento, he leído los relatos que dio a conocer la maestra afectada, hasta ahora no se ha presentado una denuncia de hechos. Sin embargo, desde el Congreso del Estado, estamos demandando a la autoridad municipal informe la incidencia de hechos, desde el inicio de su gestión en violencia contra las mujeres del puerto y los pormenores en donde agentes de la policía se han visto involucrados.
Hemos pedido desde el Congreso cambios a la legislación de Seguridad Pública del estado monitoreos permanentes psicológicos y emocionales de los uniformados, tanto estatales, cómo municipales, que se entreguen y sean públicos y la sociedad pueda establecer la calidad emocional de los agentes que tienen un uniforme, un arma y un salario pagado por los contribuyentes, manifestó.
De la misma forma, un proceso responsable del actuar en sus protocolos de responsabilidad legal y en materia de Derechos Humanos, ya que, es la policía estatal y municipal la que más denuncias acumula en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violencia, abuso, agresiones y salvajismo con el que proceden contra ciudadanos indefensos en las más de las veces.
Urge a Yucatán pasar del discurso a los hechos, reclamó, porque insistentemente se realizan comisiones de seguridad y se ofrecen cifras y estadísticas, pero nunca de los reportes de abusos, agresiones y violaciones que cometen los agentes de seguridad pública y elementos judiciales en la actuación de sus responsabilidades.
No es la primera ocasión que agentes uniformados municipales son señalados por vicios y violencia en su actuación, pero tampoco hay información de las sanciones, bajas y denuncias contra estos policías que tendrían que purgar condenas más largas en la cárcel por su irresponsabilidad y negligencia en la responsabilidad que les compete, dijo.
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