José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc. 4 de junio- Integrantes del grupo Indignación y ciudadanos que vivieron las agresiones por manifestarse hace 9 años en el Paseo Montejo previo a la construcción de la denominada Glorieta de la Paz, durante la administración de la alcaldesa Angélica Araujo Lara y la gubernatura de Ivonne Ortega Pacheco.
Alfonso Peniche Manzano y su hermana Pilar, Luis Fernando Quintal Flores, Alberto Arjona, José Luis Sierra Villareal, José Enrique Gutíerrez López y Patricia McCarthy Caballero, se hicieron presentes en el sitio y leyeron un documento para señalar algunos de los incidentes que provocaron el violento desalojo de manifestantes del sitio a manos de un grupo de personas que era dirigida por Carlos Herrera Chalé “Calín”.
En este acto, McCarthy Caballero, señaló que la obra del “paso deprimido”, fue una propuesta que se construyó violando las garantías de la sociedad y sin un respaldo de Impacto Ambiental, un programa urbano y tampoco una obra de gobierno planeada, presupuestada y autorizada.
Al recordar los hechos e incidentes de los cuatro primeros días del mes de julio de 2011, la integrante de la ONG “Indignación”, manifestó que, la obra realizada por el ayuntamiento de Mérida, no cumplió con las condiciones de seguridad, estudios y viabilidad de factibilidad urbana, situación que causó graves pérdidas y daños a la ciudad, a los propietarios y dueños de inmuebles en la zona y la depreciación comercial por el paso a desnivel que tiene defectos en sus realización.
La obra del paso deprimido, se construyó e inauguró en 2011, con la aprobación mayoritaria del Cabildo y sin el sustento y el consenso ciudadano, señaló la declarante.
Expuso que, las condiciones y mecanismos por los que realizó esta construcción han obligado a multiples obras de intervención y mantenimiento, debido a que se efectuó sobre una caverna, presuntamente sobre un cenote, que sería la opción para el desague y que sin embargo, en temporadas de lluvias se inunda, causando perjucios y daños a la población.
En los antecedentes que presentó McCarthy Caballero, destacó que la obra tuvo una erogación de cerca de 60 millones de pesos, además de mejoramiento e inversión en imagen que destinó en ese entonces la municipalidad.
Enfatizó que la obra fue una improvisación de las autoridades municipales, porque, no se emitieron los permisos de construcción, no se realizaron los estudios de factibilidad y tampoco se convocó a una consulta ciudadana en la que fueran escuchadas las personas afectadas que vivían en esta zona de la ciudad.
Expuso que, tanto colegios de profesionistas, como el sector empresarial se mostró en contra de esta obra porque no respondía a las necesidades urbanas y condiciones de atención a la movilidad ciudadana en la zona norte de la ciudad.
Detalló que la obra se realizó sin sustento técnico y sin las evaluaciones necesarias del impacto a la zona urbana y sus condiciones socio económicas, lo que ocasionó una pérdida en la calidad patrimonial de la zona residencial en la Prolongación de Paseo de Montejo, considerada parte del Patrimonio de la ciudad de Mérida.
Añadió que, a 9 años de la terminación de la obra, se mantienen dudas y serios cuestionamientos sobre los alcances, mejoramiento ambiental y de movilidad urbana, además del impacto en las condiciones imagen de la ciudad, comentó.
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