José Cortazar Navarrete Mérida, Yuc, 11 de agosto- El activista Pedro Puc Be, integrante de la organización Múuch’ Xíinbal –Asamblea de Defensores del Territorio Maya, refrendó su postura en contra de la construcción del tren peninsular y aseguró que el gobierno federal les impide tener una defensa justa en oposición al mega proyecto.
el ambientalista y defensor de grupos indígenas ofreció una rueda de prensa virtual ahí explicó que, una de las principales dificultades que enfrentan en los juzgados es el idioma ya que no hay traductores en lengua maya en las salas y entidades judiciales donde se presentan los testimonios de los habitantes de las comunidades rurales que se verán afectados por el paso del tren.
Puntualizó que, la vía jurídica no es una gran esperanza. la mayoría de los colectivos mayas hacen un esfuerzo para hablar el español, pero a la hora de debatir o alegar en los juzgados se ven limitados.
Por ello, recordó que el proyecto “no fue diseñado” para los pueblos originarios, sino que por el contrario, un tren como el que plantea el gobierno federal “no les traerá desarrollo, ni oportunidades”.
Reiteró, que no se les consultó si querían un tren, “fue pensado, planeado y decido desde otros círculos de intereses, conocidos en sexenios anteriores como la mafia de poder”.
Afirmó que la vía jurídica “no significa mucho, lamentablemente es una necesidad recorrerla, son leyes que se hicieron desde una perspectiva o visión occidental, que en ningún momento contempló las formas en las que viven como pueblos indígenas, no hay juez que entienda la situación de las comunidades rurales”, lamentó.
Aseveró que la defensa del territorio, es difícil y tortuoso, y tienen una barrera con la lengua, ya que no hablan mucho español, hacen un esfuerzo, y cuando entran a la discusión con las autoridades se le complica.
“Nos quedamos en una especie de indefensión, por la lengua, por la falta de información, es un problema no de ahora, sino de hace más de 500 años. “Estamos en un estado de indefensión, dicen que el tren remediará el problema de salud, y económicos, y eso es una mentira”.
Criticó que el Gobierno Federal les intentan hacer creer, que el proyecto ferroviario “resolverá todas sus necesidades”, y eso ha generado que mucha gente lo crea y se genere conflictos en las comunidades que están a favor del proyecto.
“Hay conflictos serios, amenazas, enfrentamientos entre hermanos y familias”, comentó.
Advirtió que la regulación “occidental o burguesa”, tiene una estrategia importante para lograr el despojo, hay un caos: hay conflictos en las mismas leyes, por un lado hay artículos que nos reconocen derechos, y en otro, nos los vuelven a quitar.
Víctor Caballero Sierra, abogado de Aequus Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, detalló que la demanda se presentó este viernes y ya fue turnada al Juzgado Decimoquinto de Distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México.
Los demás colectivos que participaron en los procedimientos jurídicos contra los megaproyectos son el Congreso Nacional Indígena y la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal.
La demanda es contra el Ejecutivo Federal; el presidente, Manuel López; el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Petróleos de México (Pemex); el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
Los organismos civiles, además intentan suspender los megaproyectos del corredor Interoceánico, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos bocas y el Proyecto Integral Morelos.
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