José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc. 12 de noviembre– La iniciativa de ley firmada por el gobierno federal para regular la subcontratación laboral -outsurcing) podría ocasionar la pérdida de importantes fuentes de empleo en Yucatán. Se estima que, unas 250 grandes empresas locales utilizan el método de subcontratación laboral para evitar pagos fiscales y laborales de sus trabajadores.
La iniciativa firmada este día, establecen medidas de control y regulación a las empresas que se utilizan como intermediarias en la contratación laboral, lo que establece mecanismos y procesos económico-administrativos de menor responsabilidad para las empresas, así como reducciones notables en las cargas fiscales y pagos de recursos por derechos laborales para los trabajadores.
Este día, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un comunicado donde señala que, el marco regulatorio laboral mexicano está establecido y legislado, por lo que, intentar establecer mayores controles para las empresas intermediarias en la contratación laboral es una violación al marco de Derecho y viola normas internacionales establecidas.
La propuesta legislativa establece la prohibición simulada de facturación de los servicios de tercerización, por lo que se advierte una persecución contra los evasores que falsean sus ingresos, reportando otras actividades que no corresponden a su realidad.
La Coparmex establece que, en 10 años, el número de trabajadores que laboran bajo esa figura prácticamente se duplicó, al pasar de 3.7 millones en 2009 a poco más de 6 millones en 2018, lo que representa 17.1% de la población ocupada en el país a través del sistema de subcontratación laboral, de acuerdo con datos de censos económicos.
La iniciativa, establece el organismo empresarial, reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral.
Todo ello, para establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.
Con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Intercacional del Trabajo, que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la administración federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir.
Sobre este tema y con respecto a Yucatán, se establece que, unos 40 mil empleos están bajo el regimen de subcontratación por terceros, focalizando principalmente este segmento en el rubro de las maquiladoras, empresas industriales, así como negocios del sector de servicios.
La determinación de cerrar esta opción, podría en riego un importante número de fuentes laborales que en este momento dependen de una empresa externa a la fuente laboral donde se circunscribe su espacio operativo de trabajo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), de los 128 mil 721 establecimientos localizados en Yucatán, unos 450 subcontratan a sus empleados a través de empresas de terceros.
Sobre este tema y en su momento, Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán consideró que, esto demuestra que hay una cuestión estructural de la economía mexicana, y yucateca.
Las empresas ya no quieren hacer compromisos con los trabajadores, no quieren pagar seguridad social, pensiones un compromiso a largo plazo con los empleados. “la subcontratación es otro medio para no caer tanto en la informalidad”, indicó.
Descubre más desde NotaTrasNota
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
