José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc. 25 de nov– Al menos seis especialistas en materia de Derechos Humanos dependientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitieron un carta externando su preocupación sobre desalojos y el posible impacto a comunidades indígenas por el desarrollo del ferrocarril peninsular que construye el gobierno.
Sobre este tema, las organizaciones International Service for Human Rights (Servicio Internacional por los Derechos Humanos), Consejo Regional y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH) dieron a conocer que, la afectación a pueblos originarios impactará a población de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La misiva de los Relatores de Derechos Humanos de ONU establece que, la obra impactará a las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, al no ser desalojo y a la salud, entre otros.
“Nos preocupa además, la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”, indica el documento.
La carta, enviada al gobierno federal convoca a las autoridades a acatar las recomendaciones y cumpla con sus obligaciones bajo convenios internacionales y estándares de derechos humanos allí señalados y detener la obra hasta establecer el debido cumplimiento de las normas.
Lo más relevante y urgente, advierten los colectivos es que, se suspendan las obras del tren hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental y social integral e independiente, que se obtenga el consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades y se cumpla estrictamente con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos en el marco del Convenio 169 de la OIT -Organización Internacional del Trabajo-
Es importante establecer que, al menos doce organizaciones se han pronunciado contra las obras del proyecto del ferrocarril, ya que pretenden desalojar a población establecida en 29 comunidades rurales, en los estados de Chiapas, Campeche y Yucatán, donde la vía férrea establecida cruza comunidades y asentamientos, muchos de estas con engaños y presiones para que abandonen sus tierras y viviendas.
El llamado al gobierno federal es a suspender las obras, ya que no existen las garantías para las poblaciones originarias ya establecidas de preservar sus derechos a la tierra, a la salud y sus derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil que se han agrupado en defensa de las comunidades rurales originarias, han insistido en establecer una serie de violaciones e infracciones en la obra que pretende construir el gobierno federal y que abarca cinco estados y sobre la opacidad de la información que emite el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto.
Asimismo, estas agrupaciones reiteran su denuncia sobre el violentado a los derechos humanos de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, sobre los alcances de la obra, el impacto que ocasionará y sobre la determinación de una reubicación bajo presión.
Al día de hoy, la obra no se cuenta con un Proyecto Ejecutivo y únicamente se ha presentado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), correspondiente al primer tramo. El gobierno ha optado por fragmentar el proyecto, lo que impide conocer los impactos acumulativos y sinérgicos que tendrá la obra, sostienen las agrupaciones denunciantes.
En lo que respecta a la carta enviada por los Relatores se indica que, por un lado durante el proceso de consulta indígena, –el cual fue acompañado en calidad de observador por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos- “habría constatado algunas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y expresado su preocupación al respecto.”
De igual forma, señalan haber recibido denuncias “sobre actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, mayor tiempo para su decisión o expresen su disconformidad con el desarrollo del proyecto”, así como criminalización, difamación y descalificación en contra de personas defensoras de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal.” (Imágenes de Internet)
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