
José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc. 25 de noviembre – Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron una propuesta de iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y al Código Penal del Estado para sancionar hasta con cinco años de cártel a los funcionarios que cometan actos de omisión e irresponsabilidad en la investigación de casos de feminicidio
Adelaida Salas Salazar, responsable del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explicó que la iniciativa fue entregada a la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, para establecer cambios sustantivos a las acciones de los funcionarios que discriminan y violentan los derechos de las víctimas y no corresponden a las determinaciones de ley establecidas.
Salas Salazar señaló que, los cambios solicitados a la ley es establecer mayores sanciones y medidas de apremio para que los responsables de tipificar delitos y la investigación de los mismos cumplan debidamente, apegándose a las condiciones de no discriminación, revictimización y omisión en sus funciones.
En el marco del Día Internacional de la lucha contra la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones feministas: Ciencia Social Alternativa AC/ Kookay, el Observatorio Nacional de Violencia AC, Uady sin Acoso, Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí-Valldolid AC y Todas somos Fernanda, además de académicas y profesionistas presentaron la propuesta al Poder Legislativo para establecer acciones punitivas contra los funcionarios que violan las garantías individuales de las mujeres que sufren de violencia.
Sostuvo que propuesta de iniciativa solicita cambios y mayores exigencias de los funcionarios del orden judicial en la aplicación de la ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, con ello, modificaciones y medidas al Código Penal del Estado para sancionar a estos funcionarios.
El artículo 18 dispone que, la violencia institucional “Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas”, dijo la entrevistada.
En la propuesta se presentan modificaciones y actualizaciones a la ley y reformas al Código Penal para equiparar sanciones y establecer medidas cautelares en atención a la violencia institucional que cometen los servidores públicos en función de sus actos, argumentó.
Destacó que el objetivo de esta propuesta de iniciativa legislativa y reforma al Código estable acciones que permitirá que la ley “tenga dientes” y aplique sanciones para quienes incumplen sus funciones, omiten y evaden las condiciones que establecen los derechos humanos para las niñas y mujeres víctimas de violencia, puntualizó.
Destacó que, el Estado -fiscales- violentan el derecho a la dignidad y a la honra, de las víctimas, al fomentar una actitud de desprecio, por parte de la autoridad hacia las víctimas, mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como, al realizar declaraciones públicas ofensivas”, sobre hechos o investigaciones en proceso.
“El Estado al manifestar de manera pública una actitud de desprecio y desprestigio hacia las víctimas, afecta directamente su dignidad y honra; además, no cumple con su obligación de modificar los patrones culturales que fomentan la discriminación contra las mujeres, ni de capacitar a las autoridades encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas” dijo la entrevistada.
Se trata de erradicar estas prácticas de parte de los funcionarios, tanto profesionales del Derecho, como funcionarios públicos, que deben de sostener la protección de la víctima, su justa y equitativa atención sobre los hechos y una impartición de justicia con visión de equidad de género, que corresponde a los casos que imputan actos violentos contra niñas y mujeres, declaró.
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