–La diputada Milagros Romero igual advirtió, que si bien hay avances para castigar la violencia política, las candidatas aún son violentadas
Mérida, Yuc, 21 de abril.– Con el objetivo de fortalecer el derecho al acceso a la información pública, las diputadas Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, presentaron una iniciativa que impide una reducción presupuestal al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales (INAIP).
Durante la exposición de motivos en el pleno, Romero Bastarrachea, recordó que dicho órgano juega un papel importante, pues además de proteger los datos personales en dominio de entes públicos, fortalece la cultura ciudadana de hacer valer el derecho a estar informadas e informados sobre todo saber cómo ejercen el dinero las instituciones gubernamentales.
“Asegurar que no reduzca el presupuesto del INAIP, nos permite saber cómo las autoridades están gastando los recursos y qué acciones realizan durante su gestión; como ciudadanía yucateca es nuestro derecho constitucional ser informados”, explicó.
La iniciativa modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán y la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
“El Congreso otorgará un presupuesto adecuado y suficiente al instituto para su efectivo funcionamiento y el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Dicho presupuesto no podrá ser disminuido respecto al del año inmediato anterior y se fijará anualmente”, se lee en la iniciativa.
POSICIONAMIENTO SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA
Durante la misma intervención, la legisladora, recordó que quienes cometan violencia política en contra de las mujeres podrían pasar de 6 meses hasta 2 años de prisión en Yucatán.
“Si bien hay avances y leyes que las protegen, la realidad es otra, pues las candidatas siguen siendo violentadas en todas las formas posibles”, acotó.
Subrayó que hay precedentes de funcionarios públicos locales que han menoscabado los derechos de las servidoras públicas y que han sido investigados por las autoridades.
Como ocurrió con el edil de Chichimilá, Samuel Uc Poot, señalado por el Tribunal Electoral de Yucatán (TEEY) de haber intimidado y reducido el salario de la regidora, Teresita de Jesús May Tuz.
Otro caso registrado fue en contra del alcalde de Kanasín, William Pérez Cabrera, acusado junto con los regidores, Jorge Armando Quijano Roca y Marcelino Chan Dzib de intimidarla e impedir el libre desarrollo de funciones de la síndica, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero.
En ese mismo municipio, también hay otra denuncia en contra del candidato a la alcaldía de Fuerza por México, Eduardo Pavón Jiménez, por violencia política en contra de la psicóloga Ivonne Aguilar Garrido.
“Por eso, quiero exhortar, a que nos fijemos muy bien a quien le damos el voto, y veamos que no tenga antecedentes de ningún tipo de violencia, y que sean personas empáticas, justas y decentes”, finalizó.
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