El gobierno de izquierdas de España aprobó este martes la reforma del código laboral anunciada a principios de marzo para otorgar automáticamente el estatuto de asalariado a los repartidores a domicilio usados por aplicaciones como UberEats o Deliveroo.
«España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional. No hay ningún país en el mundo (…) que se haya atrevido a legislar sobre esta materia», dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa.
Las modificaciones se publicarán en los próximos días en el boletín oficial y las empresas dispondrán de tres meses para aplicarlas.
El estado de California votó en 2019 una ley, única en Estados Unidos, obligando a las empresas de la llamada «gig economy» a considerar a sus trabajadores como asalariados, pero el pasado noviembre fue rechazada en un referéndum popular.
En Europa, estos repartidores son consideran en general como trabajadores por cuenta propia.
A partir de ahora, la legislación laboral española reconocerá «la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital», según precisó el gobierno en un comunicado.
«Un joven que va en una bicicleta con una aplicación o un dispositivo móvil no es un emprendedor», dijo la ministra Díaz, del partido de izquierda radical Podemos, socio minoritario del socialista Pedro Sánchez.
Las empresas deberán pagar las cotizaciones sociales para que sus repartidores puedan beneficiarse de una protección social.
Otro punto de la reforma negociada por gobierno, sindicatos y patronal prevé que las empresas pongan a disposición de los sindicatos las reglas de funcionamiento de los algoritmos que gestionan el reparto de pedidos y las primas de los trabajadores.
La atribución de horas de trabajo en función de unos perfiles creados de forma opaca por algoritmos había sido criticada por los repartidores.
La reforma legal llega después de una decisión del Tribunal Supremo que reconocía la existencia de una «relación laboral» entre un repartidor y la sociedad española Glovo.
Omnipresentes en muchas ciudades con motos o bicicletas, los «riders» españoles venían denunciando repetidamente su precariedad laboral en las calles y los tribunales.
En marzo, cuando se anunció la reforma, plataformas como Deliveroo, Stuart, Glovo o UberEats denunciaron que «la laboralización forzosa (…) ponía en peligro un sector que aporta 700 millones de euros (unos 850 millones de dólares) al PIB nacional».
El principal colectivo de repartidores, Riders X Derechos, señaló que la reforma era «insuficiente». Otros sindicatos más pequeños temen que esta modificación lleve a las plataformas a suprimir empleos.
Fuente: El economista
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