“Vengo a proponer que se eleve a rango constitucional el derecho a un seguro de desempleo”. Ésta es una de las primeras iniciativas de reforma con las que este martes arrancó la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, la propuesta es del diputado César Agustín Hernández Pérez, de Morena.
El legislador del Estado de México, quien fue reelegido para este nuevo periodo, presentó un proyecto para agregar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, el cual diría: “El Estado proporcionará un seguro de desempleo en favor de los ciudadanos, que les permita llevar una vida de Bienestar, de conformidad con la Ley de la Materia”.
Este derecho estaría regido “bajo los principios de universalidad, justicia social y no discriminación”, indica en su propuesta. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) administraría el programa.
La pandemia de covid-19 ha terminado con la vida de miles de personas en el país, pero también le quitó el empleo o la posibilidad de seguir generando ingresos a más de 12.5 millones de personas en abril de 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
“Las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan el peligro de que la covid-19 deje en el mercado laboral mayor desigualdad geográfica y demográfica, más pobreza y menos trabajos dignos”, destaca el diputado en la exposición de motivos de su iniciativa.
En 2019, el Banco Mundial (BM) apuntaba en un informe que el seguro del desempleo es quizá la política pública más adecuada para mitigar las conmociones de la economía. Un año después, a causa del coronavirus, estamos en medio de una de esas conmociones, pero sin mayor avance, sólo la Ciudad de México cuenta con un programa como ese.
“Para nadie es ajeno que el suceso que vivimos nos está obligando a reinventarnos tanto en procedimientos, en políticas públicas, así como, en la redefinición de derechos”, apunta César Agustín Hernández. El Congreso está obligado a crear reformas “que brinden posibles alternativas” ante las afectaciones en el mercado laboral, sostiene.
Los recursos para financiarlo
El seguro de desempleo sería proporcionado por el Estado a quienes hayan perdido su trabajo. La retribución debe ser “suficiente para vivir una vida de bienestar por el tiempo y forma que determine la ley de la materia”.
Una vez entrada en vigor la reforma, el Congreso de la Unión tendría 180 días, o sea, 6 meses, para emitir la ley secundaria que regule el derecho al seguro de desempleo, indica la iniciativa del diputado, quien en la anterior legislatura fue secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esa ley también indicaría de dónde provendrán los recursos económicos para financiar esa política púbica. Pero, de entrada, César Agustín Hernández sugiere que provengan de el capital ahorrado a través de la política de austeridad republicana y por la venta de muebles e inmuebles decomisados derivados de actos de corrupción.
“Sin duda, todos coincidimos en que las insuficiencias prioritarias hoy en día son dos: satisfacer el ingreso y el acceso a la seguridad social (salud). Por ello, iniciativas como la que vengo a proponer suman al trabajo que nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador) enmarca en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, pues permitiría asegurar la accesibilidad a los servicios vitales, así como mantener los hogares a flote”, apunta el legislador.
El documento, publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados, no detalla la manera en la que operaría esta política. Eso lo deja para la ley secundaria, el primer paso sería elevar a rango constitucional el derecho a un seguro de desempleo y, el segundo, establecer los pasos para garantizarlo.
Por lo tanto, no menciona cómo podrían abarcar a las personas que laboran en la informalidad, que son la mayoría. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cierre de julio de este año el 56.4% de las trabajadoras y trabajadores en México estaban en esta situación, lo que les dificultaría comprobar que tenían un empleo.
Otras propuestas en el tintero
El año pasado, la organización Nosotrxs lanzó la iniciativa “ingreso vital”, por la cual las personas que se quedaron sin trabajo recibirían 3,746 pesos mensuales por un periodo de tres meses, con la posibilidad de ampliarse a cinco. Esa cantidad cubriría el equivalente una canasta alimentaria y una no alimentaria y se entregaría sin importar que hayan estado en la formalidad o la informalidad.
Legisladoras y legisladores de diferentes partidos, incluido Morena, apoyaron la propuesta y presentaron proyectos de reforma para establecerlos en diversas leyes, pero no prosperó.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay son los países de América Latina y el Caribe que tienen seguro de desempleo a nivel nacional, de acuerdo con el informe ¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América Latina y el Caribe? Cuando los sueños enfrentan la realidad, del Banco Mundial.
Uruguay fue el primero en implementarlo en Latinoamérica. Por hasta 6 meses entrega una cantidad que va decreciendo cada mes. El último que lo aplicó fue Ecuador, en 2016, pero beneficia sólo a desempleados de la economía formal por hasta 5 meses.
México no está incluido en esa lista porque sólo la capital del país cuenta con ese programa. Su finalidad no es sólo aliviar la urgencia de un trabajador sin ingreso, explicó Oscar Ortiz, director General de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE). “Es vincularlo a un empleo formal”, dijo.
Hasta antes de la crisis sanitaria y económica, el gobierno capitalino entregaba 2,641 pesos mensuales por hasta seis meses. Pero redujo el periodo a un bimestre y amplió el número de beneficiarios. El presupuesto total para ello fue de 500 millones de pesos en 2020.
El apoyo “es para mantener un nivel de consumo mínimo”, para que, “con ese colchón”, pueda tomarse el tiempo para la capacitación laboral que le ofrece la secretaría local. Así como buscar y escoger, con cierta holgura, un mejor empleo formal, agregó.
El seguro del desempleo es también “la puerta de entrada” a otros derechos, comentó el funcionario. El personal de la STyFE debe identificar qué otras necesidades tiene quien lo solicita. Por ejemplo, si es una mujer violentada, una persona con discapacidad o un joven que no ha terminado sus estudios.
Fuente: El economista
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