El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó “falta de evidencia documental, justificación y comprobación” en una licitación, de más de 1,700 millones de pesos, para la compra de insumos médicos entregados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), adquiridos como parte de la estrategia para afrontar la pandemia de Covid-19 el año pasado.
En marzo del 2020, el Insabi celebró un convenio con la Sedena con el objetivo de esta última apoyara en acciones de compra.
El Insabi puso a disposición del Ejército 4,272 millones 380,959 pesos, de los cuales la Oficialía Mayor de la Sedena autorizó el procedimiento de adquisición de equipo médico por 1,759 millones 585,546.67 pesos.
El Órgano Interno de Control (OIC), que dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró, como resultado de la orden de auditoría número AI/2598, que los contratos, facturas y pago a proveedores para la adquisición del equipo, se realizaron acorde a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Sin embargo, se observó “que en el estudio de acreditación, el criterio de evaluación, la investigación de mercado, la recepción y distribución del equipo así como la elaboración de los convenios modificatorios existieron faltas de evidencia documental, justificación y comprobación de la realización correcta de estas actividades, lo cual demuestra tener poco control interno en citadas actividades”.
Problemas a detalle
Con lo que respecta a la investigación de mercado de la Sedena se informó que, cuando buscó ingresar a CompraNet para obtener datos de oferentes, se encontró con la leyenda “Disculpe las molestias. Estamos trabajando en la construcción o mantenimiento de este apartado”, por lo cual no accedió a la información.
A su vez, el reporte dio a conocer que de acuerdo con lo establecido en las leyes vigentes también se debe consultar la información histórica de la dependencia cuando se realice este tipo de operaciones que pudiera ayudar, no obstante, la Sedena no cumplió con lo anterior ya que justificó que, con el fin de atender en forma oportuna la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias, “se realiza la adquisición de equipo médico, mediante el procedimiento de adjudicación directa de manera urgente”.
El Ejército sostuvo que en total se identificaron 92 posibles oferentes para la adquisición de insumos médicos a los cuales, se les envió una solicitud de cotización por medio de correo electrónico o de manera presencial, no obstante, en la documentación que se proporcionó para la auditoría no se encontró evidencia de que se hayan enviado todas las solicitudes.
Entre las anomalías, el OIC detalló que se celebraron dos contratos con un proveedor para la compra de oxímetros por una cantidad de 154,396 pesos, con un precio por pieza de 550 pesos, además de un contrato para la compra de esfigmomanómetro por 353,800 pesos, pero en la investigación de mercado no se encontró evidencia documental de la solicitud de cotización enviada por la Sedena, la cotización remitida y tampoco se encontró dentro de la relación de los 92 posibles oferentes.
También se encontró que en la evaluación de propuestas que debió basarse en el precio más bajo, la Sedena indicó que no se consideró de esa manera, “en virtud de la urgencia que genera la adquisición de los bienes de equipo médico, debido a la ocurrencia de la pandemia”.
En cuanto a la entrega de los bienes por el proveedor, se indicó que hubo equipo médico que no llegó completo aunque se firmó de conformidad con lo entregado, aunado a que el OIC solicitó los dictámenes técnicos generados para saber si el equipo entregado cumplió con las especificaciones técnicas “sin haber obtenido respuesta”.
Fuente: El economista
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