José Cortazar Navarrete Mérida, Yuc. 2 de nov– Yucatán fue considerado en el último “paquete” de estados en los que se iniciará el nuevo modelo de justicia laboral, esto es, en mayo de 2022. El segundo paquete, que aglutina a 13 estados, iniciará su consolidación este miércoles 3 de noviembre, según ha confirmado la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán.
Los trece estados donde se inicia este proceso serán: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo son las entidades federativas que abrirán las puertas del nuevo modelo de justicia laboral.
De esta manera, el 63 por ciento del territorio nacional contará con el mecanismo de solución de conflictos, basado en la conciliación y tribunales laborales a cargo del Poder Judicial.
Según se detalla, la reforma laboral de 2019 modificó el sistema de justicia para el sector obrero-patronal, con medidas que influyen de manera importante en la conciliación como una vía para evitar la judicialización de conflictos. En consecuencia, reducir la saturación de casos en los tribunales, como ocurrió con las juntas de Conciliación y Arbitraje, una situación que orilló a largos juicios, resoluciones a destiempo y múltiples problemas de corrupción.
El reto gigantesco de cambiar no solamente las reglas y el modelo, sino la cultura laboral en nuestro país, se gestó con los mecanismos de intercambio económico en el diálogo de los tres países que firmaron el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los cambios en esta nueva jurisprudencia laboral, validan tanto el terreno de libertad y democracia sindical, como aspectos de agilización y nuevos mecanismos de mediación entre las empresas y los trabajadores. La primera etapa de estos cambios se inició en noviembre de 2020 e incluyó a 8 estados: Campeche, Chiapas, Durando, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
Para incorporar estas nuevas formas y mecanismos de mediación, el gobierno federal destinó 2 mil 482 millones de pesos, con nuevas instalaciones capacitación y adecuaciones a los espacios de las dependencias y los juzgadores que intervendrán en la agilización de estas disputas obrero-patronales.
En su caso, Yucatán se encuentra en el último grupo de estados que se incorporarán a este proceso, que también incluye a: Chihuahua, la capital del país, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, esto es, 11 estados.
El mecanismo de solución de conflictos que busca una justicia pronta y expedita contempló la creación de nuevas autoridades, que se dirigen el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), tribunales laborales federales a cargo del Poder Judicial y centros de conciliación y tribunales locales.
El reto de la implementación de la reforma laboral de 2019 recae, en gran medida, en los centros de conciliación, que deberán incorporar de manera inmediata estas nuevas gestiones de intermediación, a fin de que el trabajador y la empresa alcancen soluciones de manera expedita. El nuevo modelo, tiene como objetivo principal acotar tiempos de un juicio de cuatro años, en promedio, a ocho meses.
Según la Junta de Conciliación y Arbitraje de Yucatán tienen pendientes acumulados varios miles de juicios sin resolver o en proceso. Es por ello que, estas instancias seguirán en operación entre cuatro y cinco años más debido a la naturaleza y el rezago de los casos en trámite, prevé la autoridad laboral del estado. (Imágenes de Internet)
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