El Gobierno de la 4T sigue empeñado meterle dinero bueno a lo malo, y es que esta semana anunció la inyección adicional de recursos a Pemex “cueste lo que cueste”. Así es como muchos han interpretado la decisión que tomó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de inyectarle 3,500 millones de dólares a la paraestatal para que ésta realice una recompra de bonos, de manera unilateral y sin discutirla con los diputados federales; quienes tienen la facultad constitucional de aprobar el uso y destino del presupuesto de todos los mexicanos.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria externó su legítima preocupación de que esta decisión esté violando la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y por eso, me di a la tarea de estudiarla a profundidad. Primeramente, déjenme comentarles que esta ley contiene las diversas reglas de control presupuestario que debe seguir la Secretaría de Hacienda, y efectivamente encontré, que las asignaciones destinadas a cubrir el déficit de operación asociado con la autorización de subsidios a las entidades solo pueden ser otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre y cuando se justifique su beneficio económico y social.
Evidentemente, este Gobierno de cuarta no le interesa cumplir la Ley, ni justificar sus decisiones y mucho menos, pedirle a Pemex un plan de reestructuración. Cuando una empresa en problemas pide un crédito para solventar sus pasivos, tiene que mostrar un plan que le permita conocer a sus acreedores cuándo van a recuperar esa inversión y qué acciones van a hacer para regresar a balances positivos. ¡Mucho más, cuando estos recursos son a fondo perdido! Pero nada de esto sucede, ni sucederá.
Actualmente, Pemex se ha posicionado como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Según cifras oficiales, de 2018 a la fecha, su deuda externa ha crecido más de 7,200 millones de dólares, y hoy ya equivale a 9% del PIB nacional y a más de la mitad de la deuda total que mantiene el país. Además, en tan sólo tres años, más de 27,000 millones de dólares han sido inyectados a la paraestatal con el objetivo de mejorar su balance financiero, a la par de que se le han reducido impuestos y obligaciones.
A pesar de esta inyección multimillonaria de recursos, los números de Pemex siguen mal y en picada. La empresa ha perdido millones de pesos, que deberían usarse para la salud, la educación y la reactivación económica.
Como economista, estoy convencida que esta nueva inyección de recursos a Pemex no sólo es ilegal, sino también insuficiente ante un problema que claramente es estructural. Hoy, más allá de apoyos extraordinarios que no tienen sustento económico o financiero, lo que el Gobierno debe hacer es: 1) realizar una modificación profunda a su régimen fiscal, 2) presentar un plan por área de negocio que permita identificar cuáles generan utilidad y en dónde están las pérdidas, y 3) proceder a la venta de los activos que ya no son rentables para así reducir sus costos de operación; donde podría adelantarles que el grueso de los números rojos está en refinación y su nuevo proyecto de Dos Bocas.
Insisto, Pemex debe apoyarnos a nosotros, y no ser los mexicanos quienes seguimos apoyando a esta empresa quebrada. Algo tiene que cambiar.
Fuente: El economista
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