Más del 50% de los programas sociales emergentes durante la pandemia, es vulnerable a actos de corrupción, señaló un análisis de riesgo realizado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) del Tecnológico de Monterrey en conjunto con el centro de investigación GESOC.
Al presentar los resultados del estudio “Vigilancia ciudadana en el uso de recursos públicos frente al proceso electoral 2021 y la contingencia sanitaria de la Covid-19”, elaborado con la ayuda de la Herramienta de Identificación de Riesgos de Corrupción en Programas Sociales (HIRPROL), se advirtió que luego de estudiar 28 programas sociales emergentes durante la pandemia en 8 estados de la república, se encontraron que ningún programa evaluado supera el 50% de los estándares solicitados para evitar actos de corrupción.
El proyecto llevado a cabo por 28 grupos universitarios del Tec de Monterrey, de la mano de varias organizaciones sociales de diferentes estados, halló que de los 28 programas sociales analizados, ninguno cuenta con un comité de vigilancia ciudadana o mecanismo afín, lo que abre la puerta a la corrupción.
Mientras que del 79% de los programas que cuentan con un mecanismo de quejas y denuncias, sólo en el 18% cuentan con elementos que permiten verificar su funcionamiento.
Asimismo, se identificaron que, en materia de presupuesto, únicamente el 18% de los programas publican información detallada en cuanto a la dispersión geográfica de los recursos y sólo el 29% se realizan alineados al presupuesto versus a lo implementado.
Por lo anterior, “se identificó el riesgo de corrupción asociada en desvío de recursos, clientelismo y uso político electoral”.
En tanto, al hablar de su fiscalización, de los 28 programas analizados, únicamente 4 cuentan con auditorías financieras. Y sólo el 25% de los programas han estado sujetos a una evaluación de diseño en los términos de referencia (TdR) establecidos por Coneval.
Sobre su operatividad, se indicó que únicamente en el 50% de los programas analizados, fue posible localizar una convocatoria pública que facilite el acceso a la población a la información de los beneficios.
“La falta de mecanismos de evaluación de estos programas propicia que se presenten actos de corrupción como el clientelismo político, práctica que persiste en nuestro entorno, tan solo recordemos los récords de vacunación contra la Covid-19 que se presentaron previos a las pasadas elecciones de junio de 2021”, expresó Ana Olga Rodríguez Betancourt, coordinadora y líder del proyecto.
Finalmente, el estudio llamó a las dependencias implementadoras de los programas a establecer previsiones de prevención de la corrupción desde el diseño de los programas.
Fuente: El economista
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