La violencia contra las mujeres duele, lastima y deja heridas profundas en las sociedades de las tres entidades de la península de Yucatán, que pese a los avances a favor de este grupo de la población, aún sufre acoso e injusticias.
Ya no es un secreto a voces. Las estadísticas y cifras sobre la violencia en contra de las mujeres en México, en la península de Yucatán desnudan la lacerante realidad, que como una herida sangra cada vez que hay una agresión en razón de género.
Amalia, a pesar del martirio que vivió durante casi dos décadas, afirma que tiene muchos motivos para ser feliz después de romper la violencia machista que padeció junto a su pareja, un testimonio que evidencia la magnitud de un problema social que aqueja a miles de mujeres de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
Encubierta en diversas modalidades, la violencia contra las mujeres se refleja en los datos que con perspectiva de género aporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que del sábado 1 de enero al martes 31 de mayo de este 2022 ofrece un panorama de lo grave de la situación en la zona peninsular.
Con base en la información de la dependencia federal, se analizan algunos apartados sobre la incidencia delictiva contra las mujeres, sustentadas en carpetas de investigación en fiscalías o ministerios públicos, que incluyen de la agresión extrema del feminicidio a casos de lesiones, secuestros, extorsiones o corrupción de menores.
Además, la abogada María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), define lo que se entiende por violencia contra las mujeres, las diferentes modalidades de agresiones que se consideran y la delgada línea entre los crímenes en razón de género y los homicidios dolosos.
Violencia contra las mujeres, ¿qué es?
En términos jurídicos, la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión basada en su género, que le cause algún daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en un espacio privado o público que regula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las agresiones verbales, empujones, jalones, encierros, amenazas y golpes son algunas de las manifestaciones más explícitas de la violencia que se ejerce en contra las mujeres, aunque hay un amplio espectro de acciones virulentas que pasan inadvertidas o no se contemplan socialmente como formas de intimidad o crueldad.
«La violencia contra las mujeres la definimos como una parte de esa agresión basada en el género que impacta de forma diferenciada a las personas que se les socializa y asigna como mujeres a lo largo de sus vidas por la comunidad y el contexto», opina la abogada Balam Aguilar.
De hecho, precisa que «la violencia contra las mujeres puede ser directa, a través de golpes, insultos o agresiones, e indirecta, por una serie de patrones sociales que dicen qué es lo que debería ser una mujer, y si rompe con esa carga conlleva un castigo social, ya sea por exclusión o segregación» del entorno comunitario.
Las cinco modalidades de violencia contra las mujeres en la península de Yucatán
Si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera cinco principales modalidades en que se presenta la violencia contra las mujeres, hay otras nuevas formas de agresiones que también se toman en cuenta, particularmente en Yucatán.
La norma mexicana, que se publicó el 1 de febrero de 2007 y se reforma de manera constante, define por primera vez los tipos de violencia, para dejar claro que la intimidación no necesariamente produce lesiones físicas en las mujeres y puede abarcar otros entornos de su vida.
Así, entre las cinco básicas, la violencia familiar es cuando se somete, controla o agrede de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar. La laboral y docente es un acto u omisión en que se abusa del poder para dañar a la víctima y atentar contra la igualdad.
La violencia en la comunidad se advierte con actos individuales o colectivos que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres y propician su discriminación o marginación en el ámbito público, y la institucional es la que ejercen por acción u omisión los servidores públicos de cualquier orden de gobierno para impedir el goce de los derechos humanos de las mujeres o no atender los diferentes tipos de violencia.
Y quizá la más extrema y mortal es la violencia feminicida, consecuencia de la violación de los derechos humanos en los entornos público y privado que por el conjunto de conductas misóginas o machistas pueden culminar en un crimen en razón de género o en la muerte violenta de una mujer.
Otras formas de ejercer violencia en contra de las mujeres peninsulares
A las cinco formas de crueldad contra la mujer que se abordan de forma sucinta, la directora ejecutiva del Cejudi añade la violencia estética y la obstétrica que también se contemplan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
«La violencia estética se relaciona con toda esa fuerte carga social que construye que una mujer debe responder a esa idea o imagen que fija que debe ser alta, delgada, guapa, blanca, de ojos claros y otros rasgos caucásicos que dictan cómo debería ser una mujer», añade.
Además, destaca, como ejemplo de la violencia estética, que la Ley General establece que no se pueden destinar recursos públicos para financiar concursos de belleza femenina, ya que son eventos que sólo perpetúan estereotipos de cómo debe ser una mujer, lo que también recrea una forma de agresión.
«La violencia obstétrica se podría incluir en la decisión de las mujeres de lo que hacen con su cuerpo, pero también, y ya se documentó en Yucatán, sobre la prestación de servicios de salud a gestantes o durante la etapa de parto».
«Un indicador para que en una entidad haya una alerta de violencia obstétrica es el número de cesáreas que se realizan, lo que desvela que probablemente el personal médico se siente más cómodo haciendo esa intervención quirúrgica, pero que implica un impacto agresivo en el cuerpo de las mujeres», explica María Paula.
Feminicidios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo
Con datos de la incidencia delictiva que se reúnen con base en las carpetas de investigación de los ministerios públicos y fiscalías de las 32 entidades del país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja que de enero a mayo de 2022 hay 385 feminicidios en México.
Estado de México, Nuevo León y Veracruz ocupan los primeros lugares en el país por ese grave delito, con 61, 48 y 36 asesinatos de mujeres, respectivamente, es decir 145, lo que representa una tercera parte del total general
Según las estadísticas nacionales, en la península de Yucatán en el mismo período se contabilizan 13 crímenes por razón de género, de los cuales seis se cometieron en Campeche, cinco en Quintana Roo y dos en Yucatán.
Aunque en el caso de Yucatán, suman cuatro, con lo que iguala el número total de 2020, porque no se registran aún los dos feminicidios más recientes que se cometieron el domingo 5 y el lunes 20 de junio pasados en Tekax y Tizimín. Los dos primeros ocurrieron el sábado 15 de enero y el domingo 15 de mayo en Flamboyanes, Progreso, y Huhí.
Por el número de feminicidios, Campeche está en el sitio 20 de los 32 estados mexicanos, Quintana Roo en el 23 y Yucatán en el 29. Al final aparece Colima que al martes 31 de mayo no reportó algún homicidio de odio contra alguna mujer.
Homicidios (dolosos y culposos) en la península de Yucatán
En el panorama nacional, las mujeres también son víctimas de homicidios dolosos o culposos. Según el Código Penal Federal, el primero es cuando se aprecia dolo o intención directa del agresor para causar la muerte. El culposo es cuando el deceso ocurre como resultado de una acción imprudente, como un accidente de tráfico o una negligencia médica, por ejemplo.
En los primeros cinco meses de 2022, precisa la dependencia federal, hay 2,686 asesinatos de mujeres, de los cuales 1,122 son considerados dolosos y 1,562 culposos o imprudenciales. Lideran la lista de los crímenes intencionales Guanajuato (155), Michoacán (121) y Baja California Norte (109). Entre los culposos despuntan Guanajuato (214), Jalisco (121) y Michoacán (110).
En esas categorías, a nivel peninsular, Quintana Roo supera en número de casos a sus entidades vecinas, con 12 y 75 homicidios dolosos y culposos, respectivamente, que en conjunto son 87 mujeres víctimas, lo que los ubica en las posiciones 19 y seis del país.
Por la cantidad de hechos, le secunda Campeche con una muerte dolosa (lugar 29) y 12 culposas (28), y por último Yucatán con ningún homicidio por dolo (32) y ocho como consecuencia de una imprudencia (30). La sumatoria de los casos en la Península son 13 delitos dolosos y 95 no intencionales o culposos.
Diferencia entre feminicidio y homicidio doloso
Para la joven abogada Balam Aguilar la delgada línea entre un feminicidio o un homicidio doloso es un tema que confronta al sistema de justicia en México, en la Península, ya que para conocer y diferenciar ambos delitos requiere que el personal de las fiscalías, y los jueces y las juezas los consideren y visualicen con una perspectiva de género.
«La clave que podría diferenciar un homicidio doloso de un feminicidio es justamente el factor del género, que a veces parecería difuso, pero hay un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perspectiva de género, es decir que se valora la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres en el entorno social».
Otro obstáculo para distinguir entre un feminicidio o un homicidio, explica, es cómo el sistema de justicia y las fiscalías procesan esos crímenes, y pone de ejemplo a un feminicida suicida, un hombre que mata a su pareja mujer y luego se priva de la vida. El sistema penal clasifica ese delito como homicidio y queda fuera de las estadísticas feminicidas.
«Entre los feminicidos y homicidios dolosos hay muchas áreas de oportunidad y es necesario reforzar los mecanismos de recopilación de información de ambos delitos con perspectivas de género y derechos humanos en la Península, para generar política públicas acertadas y eficientes», destaca la también consultora en Derechos Humanos.
Cifra de casos de lesiones (dolosas y culposas) en mujeres de la región
Al igual que con los homicidios, en el artículo 288 del Código Penal Federal se estipula el delito de lesiones, que también pueden ser divididas en dolosas y culposas, y toman relevancia en la geografía mexicana debido a la elevada cantidad de actos de violencia contra las mujeres.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de este año, marcan que del universo de 27,555 casos, el Estado de México (6,574), Guanajuato (2,756) y Michoacán (1,850) son los tres primeros estados con más mujeres lesionadas con dolo o intención.
En relación con las víctimas de lesiones culposas o no hechas en forma intencional, con 8,671 denuncias, están al frente también el Estado de México (1,903), Ciudad de México (864) y Morelos (608). La adición de ambos delitos es de 36,226 presuntas mujeres lesionadas de una u otra forma.
En la península de Yucatán se contabilizan 1,742 heridas, de las que 1,282 son de manera intencional y 460 por accidente, y por las estadísticas en el rubro de las lesiones dolosas se disparan los casos en Campeche, que ocupa el décimo lugar nacional, con 775. Le siguen Quintana Roo (18) con 490 y Yucatán (31) con 17 víctimas.
Quintana Roo, en el lugar 10 a nivel nacional, supera con 289 hechos de lesiones culposas a Campeche (17), que acumula 171 carpetas de investigación, por cero de Yucatán, en la última posición del ranking de las 32 entidades federativas en ese rubro.
Secuestros de mujeres en la península de Yucatán
Aunque en Yucatán, Campeche y Quintana Roo históricamente los secuestros, oficialmente considerados, son contados o prácticamente nulos en comparación con otras entidades de la nación, sí hay reportes de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas.
Por medio del llamado Protocolo Alba, mecanismo para realizar la búsqueda inmediata para localizar a mujeres y niñas desaparecidas, fiscalías, procuradurías o Comisiones locales de Búsqueda de Personas despliegan acciones coordinadas para disminuir los hechos de ser víctimas de algún posible delito.
Muestra de que el delito de privar de la libertad de forma ilícita a una víctima femenina o grupos de mujeres es desproporcional al de estados del centro, sur o norte del país se advierte en las estadísticas de enero a mayo de este 2022 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ninguna de las tres jurisdicciones de la península de Yucatán aparece con algún caso de víctimas de secuestro durante los primeros cinco meses de este año. De hecho 11 de las 32 entidades federativas no tiene reportes, a pesar de que se cuentan 71 mujeres víctimas de secuestro en México.
En lo alto de la categoría destacan el Estado de México con 12 hechos denunciados, Veracruz con 10 y Baja California Norte con 7. Les siguen Guerrero y Puebla con cuatro, y Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas con tres.
Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco con dos, y con un caso confirmado, Chiapas, Guanajuato, Morelos y Zacatecas, respectivamente.
Fuente: Diario de Yucatán.
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