La Ley de la Industria Eléctrica, las revocaciones y prohibiciones a empresas de EU para actuar en el sector eléctrico, y el trato privilegiado a Pemex y CFE integran la controversia.
El próximo 16 de septiembre se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador fije su posición respecto al asunto de las consultas solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en torno a la política energética de México. Al menos así lo anunció AMLO el pasado 22 de julio.
¿Qué significa que el presidente vaya a establecer su posición precisamente en esa fecha?
Valen algunos antecedentes. Tras muchos meses de reclamos informales presentados por diversos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, el pasado 20 de julio, la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR) demandó al gobierno mexicano iniciar consultas por la presunta violación del TMEC derivada de la política energética de México.
Katherine Tai, la titular de la USTR se refirió a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; a retrasos, revocaciones y prohibiciones a las empresas de EU para actuar en el sector eléctrico; el trato privilegiado a Pemex para la venta de diesel contaminante, así como la obligación de usar la infraestructura de transporte de gas de CFE o Pemex. Canadá se sumó posteriormente al reclamo de EU.
La razón por la cual se tuvo que llegar a estas consultas fue por el hecho de que las conversaciones informales que alcanzaron el nivel de la vicepresidenta Kamala Harris, no condujeron a ninguna respuesta satisfactoria por parte de México.
Cuando, en el marco del TMEC, se desencadena este proceso, se da un plazo de 30 días para el arranque formal de las conversaciones. Estas comenzaron el pasado 14 de agosto y está previsto que duren alrededor de 45 días. Sin embargo, los plazos pueden extenderse si así lo acuerdan las partes.
Si Estados Unidos y Canadá encuentran satisfactorias las explicaciones que México ofrezca en este periodo, entonces allí termina el litigio y no se constituye el panel de árbitros. Si no es así, el proceso continúa y se establece un panel, con un plazo de 30 días para la definición de los árbitros y los términos del panel. Tras ello, se inicia el periodo de 150 días, algo así como cinco meses, para tener un primer informe preliminar.
Tradicionalmente la respuesta a las consultas solicitadas por los países afectados la ofrecen los equipos especialistas en materia de comercio exterior. Hay en este momento otro panel en curso sobre el tema de las reglas de origen en materia automotriz. El país demandado es Estados Unidos, y la respuesta vendrá de la USTR y no del presidente Biden directamente.
En el caso de las consultas en materia energética, será el presidente López Obrador quien dé la respuesta aún antes de que haya terminado el periodo de las consultas.
En su explicación, AMLO dijo lo siguiente: “ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la Noche del Grito (15 de septiembre) en el Zócalo, y al día siguiente vamos a realizar el desfile militar, conmemorativo, y ahí vamos a fijar la postura sobre este asunto, pero no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”.
Esto significa que la respuesta que habrá de darse no será de naturaleza comercial sino fundamentalmente de carácter político.
La controversia respecto a si el gobierno mexicano está violentando las normas del tratado o no, ha sido convertida por López Obrador en un asunto de carácter político. Si hay argumentos para demostrar que México no ha cometido infracciones al tratado comercial, deben presentarse en la discusión formal.
Si el presidente de la República ya está diciendo que México no va a ceder, hasta cierto punto las consultas resultarán ociosas pues no habrá sino la reiteración de los argumentos ya esgrimidos, que no convencen a EU y a Canadá, incluso, argumentando que la redacción del capítulo 8 del documento es la base legal para las acciones realizadas.
Dado este hecho, lo más probable es que ambos países decidan que es necesaria la instalación de un panel para la resolución de la controversia.
Considerando los tiempos que previamente referíamos, el término de las consultas podría darse en los últimos días de septiembre o en la primera quincena de octubre.
De modo que la definición de los árbitros que conformarían el panel así como de los términos de éste podrían establecerse en el curso del mes de noviembre.
Estas fechas corresponden a la controversia con Estados Unidos, pero aún está pendiente la definición de otros tiempos, probablemente posteriores, en el litigio con Canadá pues se tratarán, por ahora, separadamente.
Será probablemente en las primeras semanas del 2023 cuando el panel pueda empezar a hacer su trabajo.
Los árbitros analizan la documentación, piden los testimonios correspondientes, ven todos los asuntos técnicos y legales asociados al caso y aproximadamente cinco o seis meses después emitirían su informe preliminar.
Un mes después se estaría emitiendo un informe definitivo y 15 días después se haría público.
Aún habría 45 días posteriores para evaluar las sanciones arancelarias que correspondan a partir de cuantificar el daño causado por las violaciones al acuerdo y habría otros cuatro meses de posibles controversias a éstas antes de que pudieran hacerse efectivas.
Todo indica que, de proceder, las sanciones se podrían aplicar en el curso de 2024, no antes. En caso de que las correcciones no ocurran, se evalúa el daño económico que se presentó y se deja al país afectado la decisión de poner aranceles a los productos que compra a su socio comercial.
Es el país demandante el que decide en dónde aplicar los aranceles, de modo que es probable que fuera a los sectores que más le duelan a México y que menos impacten en los consumidores de los Estados Unidos.
Uno de ellos, señala la mayoría de los especialistas, sería el sector agroexportador. Quizás los exportadores de tomates, de berries, de aguacate y de otros productos, fueran los que pagaran el costo de violar el Tratado en el ámbito energético.
En todo este proceso, que tendría costos económicos, lo más probable es que el gobierno mexicano siguiera manejando el asunto desde una perspectiva claramente político partidista.
Pareciera que López Obrador va a aprovechar esta circunstancia para poder convocar el espíritu nacionalista de la población y por lo mismo obtener respaldo a sus posiciones.
No es ingenuo pensar que para López Obrador puede ser incluso conveniente el que la negociación se alargue pues de esa manera tiene más posibilidades de aprovechar ideológicamente la circunstancia, lo más cerca posible de las elecciones del 2024.
Será un logro político redondo sin importarle el costo económico.
Fuente: EL FINANCIERO.
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