La iniciativa de reforma para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, contradice la Constitución, por lo que, de aprobarse en los términos en que fue presentada, seguramente será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), plantearon especialistas.
En la mañana de este sábado 3 de septiembre y tras quince horas de discusiones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la iniciativa presidencial para incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. Los diputados aprobaron con 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención, las modificaciones a diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no sufrieron ninguna modificación y se remitieron a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
De acuerdo con los expertos consultados, es que la Guardia Nacional concluirá el sexenio del presidente López Obrador sin contar con los elementos jurídicos necesarios que le permitan cumplir las funciones para la que fue creada apegadas a derecho.
La reforma es una iniciativa de decreto inconstitucional porque contradice el artículo 21º que señala que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, dijo Blanca Ivonne Olvera Lezama, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Hay una incongruencia al decir, como se plantea en la exposición de motivos de la iniciativa, que tiene como objetivo fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando lo que se pretende es que esté bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo Olvera Lezama.
En opinión de la autora de los libros Ley de la Guardia Nacional 2019, Ley de la Guardia Nacional y su reglamentación 2019 y El uso legítimo de la fuerza, entre otros, lo que realmente se pretende es terminar con la ilegalidad en la que actualmente opera esa corporación, en aspectos como la administración de los recursos para pagar sus nóminas.
María Elena Morera Mitre, presidenta de la organización Causa en Común, consideró que la prisa que ha mostrado el presidente en trasladar la gestión de la Guardia Nacional al Ejército se explica porque actualmente “es un desastre”.
En los hechos, dijo Morera, 80% de sus integrantes operan como si fueran “aviadores”, ya que trabajan en una dependencia y cobran en otra. Otra irregularidad: varios de sus cuarteles pertenecen la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero están construidos en terrenos propiedad de la Sedena.
Para esta reconocida activista, lo delicado es que el jefe del Ejecutivo federal ha decidido trasladar la gestión a la Sedena de manera inconstitucional, por lo que una vez que la iniciativa sea aprobada en el Congreso seguramente será controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El problema es que, para cuando la Corte resuelva, habrá pasado mucho tiempo y va a ser muy complicado “o casi imposible” su regreso de la esfera militar a la civil, dijo Morera.
Las afectaciones a la población serán las que causan los militares cuando actúan en tareas de seguridad pública, para las que los uniformados no están entrenados y de esto los culpables serán los mandos, al haber creado una institución completamente inconstitucional.
Dijo que también se corre el riesgo de que se cometan más violaciones a derechos humanos y, si bien, en la misma exposición de motivos de la iniciativa se señala que ese tipo de actos ha bajado, eso se debe a que han trabajado mucho menos que la desaparecida Policía Federal.
“Es una vergüenza que este gobierno obligue a militares a hacer tareas que no le corresponden y dejando en precariedad a policías y fiscalías locales, lo cual es la razón de por qué hoy en el país tenemos más violencia y delincuencia y muchas regiones tomadas por el crimen que es quien decide la vida de las personas”, dijo Morera.
Violaciones al debido proceso
Desde que la Guardia Nacional inició operaciones ha trabajado en tensión con el marco penal, pues no se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para que la contemplara, dijo Olvera Lezama, del Inacipe.
Los integrantes de la Guardia Nacional se ocupan ya de la seguridad pública y, en consecuencia, de la investigación de delitos, la cual inicia con el conocimiento o denuncia del hecho, seguido de la obtención de indicios y pruebas que pueden derivar en una responsabilidad penal.
Para dejar constancia y dar seguimiento a todo este procedimiento penal se tiene que hacer del conocimiento del Ministerio Público, a través del Informe Policial Homologado (IPH), pero éste es exclusivo de policías.
El artículo 132º del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la obligación de emitir “informes”es exclusiva de la policía en el procedimiento penal, dejando fuera a los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.
Una situación similar ocurre con el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, que especifica que las Fuerzas Armadas en actividades de coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública bajo ningún concepto asumen calidad de Policía Primer Respondiente, dijo Olvera Lezama.
Los militares comisionados a la Guardia Nacional no tienen las obligaciones contempladas en este protocolo y en consecuencia están impedidos jurídicamente a llenar informes de investigación al Ministerio Público.
El problema es esa forma irregular en la que opera la Guardia Nacional, que va en contra del debido proceso y, por lo tanto, contra los derechos humanos y, en una investigación judicial, su participación puede invocarse como inválido.
La iniciativa enviada al Congreso por el presidente López Obrador contempla reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a Ley de la Guardia Nacional, a Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Fortalecer policías locales
De acuerdo con el informe Guardia Nacional. 3 años de definición militarista, realizado por el Observatorio de la Guardia Nacional de Causa en Común, el uso indiscriminado y no regulado de las Fuerzas Armadas en estas funciones implica un grave riesgo para la ciudadanía y para las propias Fuerzas Armadas.
Según la reforma propuesta, se establece el 26 de marzo de 2024 como la fecha para que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles y dejen de realizar las tareas de seguridad pública que ahora tienen encomendadas y se establecen obligaciones para que los estados fortalezcan las policías estatales y municipales, pero eso no se ha hecho.
Según datos para 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 30 estados entregaron un diagnóstico sobre sus policías, faltando Baja California Sur y Zacatecas; 27 entregaron su programa de fortalecimiento, faltando Baja California, Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, y 20 entregaron su propuesta de presupuesto, faltando Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Hasta febrero de 2022, menos de 30% de los miembros de la Guardia Nacional (30,199) contaba con el Certificado Único Policial (CUP) a pesar de ser un requisito de ley.
El informe de Causa en Común destaca que, de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional acumulaban 2,510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.
De las más de 8,000 personas detenidas por la Guardia Nacional, únicamente 14 fueron detenidas mediante tareas de inteligencia.
La Guardia Nacional cuenta con 113,833 efectivos desplegados en 266 coordinaciones regionales; 73,805 (64.83%) provienen de la Sedena; 16,792 (14.75%) de la Semar y 23,236 (20.41%) de la extinta Policía Federal.
Fuente: EL ECONOMISTA.
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