No es la primera vez que en el Estado mexicano se discute públicamente la militarización de la seguridad pública. La militarización, puede definirse en su sentido más simple, como la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a la defensa, como las de seguridad pública. Sin embargo, la militarización también involucra la utilización de lenguaje de guerra, el manejo de un discurso de tiempo estratégico o sentido de urgencia, un interés institucional, ya sea de las Fuerzas Armadas para tener más recursos financieros o de los poderes civiles para desentenderse de sus obligaciones delegándolas al poder militar, y que los operadores del sistema de seguridad actúen con base en el combate o aniquilación de amenazas y enemigos, sean crimen organizado, narcotráfico o cualquier otro delito de alto impacto.
Pero México es solo un ejemplo de la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad pública que en Centroamérica avanza como eje rector de las políticas de seguridad. A continuación presento algunos ejemplos geográficamente cercanos.
El Salvador después de la firma de sus Acuerdos de Paz en los noventa que pusieron fin a su conflicto armado interno, inició su transición a la democracia con medidas enfocadas en la militarización directa de la seguridad pública, con la justificación del sobrepaso de las actividades criminales de pandillas y grupos criminales a la respuesta de la Policía Nacional Civil recién creada.
Al día de hoy, El Salvador sigue utilizando a las Fuerzas Armadas en la llamada “guerra contra las pandillas” que ha llevado al presidente Nayib Bukele, a mantener al “pulgarcito de Centroamérica” en un régimen de excepción desde marzo de 2022, con algunos días de cero homicidios, pero con un aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones de personas sobre las que han alertado organismos defensores de derechos humanos. En Honduras, después del golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya en 2009, los gobiernos, en particular el de Juan Orlando Hernández, refirieron abiertamente que una medida para solucionar los altos índices de violencia homicida en el país sería la militarización y la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) como un cuerpo dentro de la Fuerza Armada de Honduras que, en coordinación con la Policía Nacional y a partir de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), se encargaría de combatir al crimen organizado. Al día de hoy, la Presidenta Xiomara Castro, ha referido que la PMOP continuará sus trabajos de combate al crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas en América Latina, con excepciones, hacen cada vez menos labores de defensa nacional y cada vez más labores de seguridad pública. En este mes que se celebra la independencia de México y de los países de Centroamérica, con un alto componente simbólico militar, resulta pertinente preguntar ¿para qué necesitan las democracias Fuerzas Armadas? Y sobre ello ¿qué pueden o no hacer?
Si la Guardia Nacional mexicana tuviera que compararse con otro cuerpo de seguridad, sería con la Policía Militar del Orden Público de Honduras, no por los resultados que pueda alcanzar en el mediano o largo plazo en materia de seguridad, sino por las transformaciones institucionales que trae consigo al Ejercito Mexicano.
Si todo marcha de acuerdo al plan anunciado, el 16 de septiembre veremos en México el traspaso simbólico de la Guardia Nacional al Ejército, y con ello, la consolidación de la militarización de la seguridad púbica federal en el país, pero también, la continuidad de la policialización del Ejército mexicano. Ese traspaso, aunado al deseo de que las Fuerzas Armadas continúen realizando labores de seguridad pública hasta 2029, está inserto en un contexto regional más amplio que aún debe ser estudiado cuidadosamente.
Fuente: El economista
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