El desfalco a Segalmex: Diconsa y Liconsa y la manera por la que se desviaron recursos mediante mecanismos de oferta privada, causó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) investigara otro tipo de emisiones similares, por lo cual ya ha impuesto seis sanciones por un total de 36 millones de pesos.
En el 2019, la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) Corafi ordenó a CI Banco, en su calidad de fiduciario, la emisión de certificados bursátiles fiduciarios en oferta privada, mismos que fueron colocados por la casa de Bolsa Bursamétrica. Parte de los títulos fue adquirida por Liconsa y Segalmex.
Según la investigación, Corafi, en su calidad de fideicomitente, captó recursos del público, mediante un fideicomiso, con la obligación de devolver el monto captado con intereses.
Dicha emisión fue por 2,414 millones de pesos, de los cuales en el inicio de la investigación se dio por hecho que al menos 700 millones de pesos correspondieron a recursos de Liconsa y Segalmex; pero esta cifra pudo alcanzar los 1,400 millones de pesos.
Bajo este contexto, la CNBV, que en ese entonces estaba presidida por Juan Pablo Graf Noriega, detectó que en dicha operación existieron posibles infracciones a distintas leyes financieras como la Ley del Mercado de Valores (LMV) o a la de Instituciones de Crédito (LIC).
Por ejemplo, el artículo 9 de la LMV establece que los intermediarios sólo pueden otorgar el servicio de intermediación de valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores (oferta privada), respecto a acciones representativas del capital social de personas morales, no de deuda como en este caso.
Asimismo, por ley, las entidades de la administración pública sólo pueden tomar títulos de bonos gubernamentales, no de certificados bursátiles fiduciarios en oferta privada.
También, el fiduciario pudo haber incurrido en la captación irregular de recursos, lo cual es una infracción a la LIC.
Investigación en desarrollo
A partir de este caso, la CNBV comenzó a investigar sobre los valores intermediados en oferta privada.
El resultado inmediato fue que se detectaron, de inicio, 21 emisiones con la estructura similar a la de Corafi y más de 115 millones de títulos emitidos que representan una cantidad de más de 15,000 millones de pesos.
Dentro de los nombres que aparecen en la investigación se encuentran fiduciarios e intermediarios involucrados en este tipo de emisiones, como Actinver, Invex, Banamex, CI Casa de Bolsa, CI Banco, Banorte, Interacciones, Monex y Bursamétrica Casa de Bolsa.
Para el gremio de las casas de Bolsa, las colocaciones privadas se han realizado desde hace varios años y cumplen con la ley; sin embargo, un cambio en el criterio de la CNBV es lo que generó las multas.
De acuerdo con directivos de intermediarios bursátiles consultados, las colocaciones privadas se amparan bajo el artículo 8 de la LMV, que indica que la oferta privada en territorio nacional se puede efectuar por cualquier persona, siempre que se realice exclusivamente entre inversionistas institucionales.
«Actualmente no existe una regulación secundaria al respecto y todo se permitió al amparo del citado artículo”, comentó una fuente que solicitó el anonimato.
Se estima que actualmente existen más de 300 emisiones privadas realizadas por distintos intermediarios.
La fuente consultada apuntó que pese a que es un tema que se ha discutido desde hace más de 10 años con la CNBV, la autoridad cambió la interpretación de la ley y generó un área gris al respecto.
Asimismo, comentó que las colocaciones eran entre expertos y los títulos se depositaban en el Indeval, por lo que aparecen en los estados de cuenta y por años no fueron observados por la autoridad.
Entidades sancionadas
Hasta el momento, suman seis multas emitidas por la CNBV con motivo de esta investigación, por un total de 36 millones de pesos dirigidas a Bursamétrica, Punto Casa de Bolsa, Inversora Bursátil (Inbursa), Finamex, CI Casa de Bolsa y Monex.
El motivo de las sanciones fue por realizar la intermediación con valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV), lo cual es considerada como una conducta grave.
La fuente consultada indicó que por medio de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) se llevan a cabo reuniones con la CNBV y se trabaja en una solución gremial para regular el mercado.
“Habrá una solución gremial y no una solución particular”, agregó.
Abren expedientes
Segalmex, el escándalo de 9,500 millones de pesos
La administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía investiga los desvíos que se realizaron del erario por actos de corrupción detectados en Segalmex: Liconsa y Diconsa, que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrían ascender a cerca de 9,500 millones de pesos.
De acuerdo con información proporcionada por la SFP, actualmente se tienen abiertos cerca de 618 expedientes de investigación por posibles actos de corrupción y 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Segalmex es un organismo que se creó en la administración de Andrés Manuel López Obrador con el fin de favorecer la producción de maíz, frijol, arroz y trigo, para así asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada.
Hace algunas semanas, Roberto Salcedo Aquino, quien es el titular de la SFP, apuntó que las denuncias interpuestas ante la FGR por el caso de presuntos desvíos de recursos en Segalmex: Liconsa y Dinconsa, estaban en una etapa de investigación con miras a su judicialización.
Se presume que parte de los recursos que fueron desviados se invirtieron en emisiones de oferta privada, por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó una investigación al respecto.
Se estima que cerca de 1,400 millones de pesos de Segalmex fueron invertidos vía este mecanismo, con papel privado emitido por la sociedad financiera de objeto múltiple Corafi.
Este caso derivó en una investigación del regulador del sistema financiero mexicano sobre las emisiones en oferta privada, lo cual ha generado distintas sanciones por parte de la CNBV.
Hasta el momento se desconoce si más organismos públicos han invertido en instrumentos de deuda privada, ya que la normativa impide que entidades gubernamentales inviertan en mecanismos de esta naturaleza.
Fuente: el economista
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