José Cortazar Navarrete.- Mérida, Yuc. 11 de oct. – El crecimiento urbano de las zonas costeras, la falta de planificación inmobiliaria, los asentamientos irregulares en las ciénagas y el impacto de aguas negras que derivan a los humedales han ocasionado la pérdida de 40 mil hectáreas de mangle aseveró el investigador Jorge Herrera Silveira, especialista en la Unidad de Ciencias del Mar de la Unidad Cinvestav-Mérida.
Destacó que, el gobierno estatal tendría que poner un freno inmediato a los desarrollos inmobiliarios costeros y exigir que los fraccionadores apliquen la norma de instalar plantas de tratamientos de agua en sus complejos habitacionales y con ello, reducir el volumen de residuos que se filtran al subsuelo y van al mar.
Al completarse el segundo día de actividades del II Congreso de Manglares para América Latina, investigadores internacionales dieron a conocer que, en los últimos 25 años, México ha perdido 4.4 millones de hectáreas de zonas de manglares, de estas, unas 40 mil son en los litorales yucatecos.
Los estudios y monitoreos que se realizan vía satelital indican que, estas áreas vitales para la reproducción marina y de anidación de aves, están seriamente vulneradas por una diversidad de factores, entre ellos, la falta de planeación estratégica urbana, la polución y factores del cambio climático, además de empresas contaminantes y productos tóxicos que se vierten a ríos y zonas costeras.
Sobre este tema, Herrera Silveira resaltó la necesidad de replantear los programas de crecimiento urbano de Mérida, además de exigir un alto total a desarrollos inmobiliarios en áreas sensibles de la franca costera donde el crecimiento poblacional está afectando gravemente el equilibrio ecológico de estos sistemas.
Apuntó que, en el gobierno de Patricio Patrón (2001-2007) se estableció un compromiso con los desarrolladores de vivienda y fraccionadores a que en todas las nuevas construcciones y obras se exigiría la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y detener la cantidad de productos tóxicos que se vierten como aguas negras y jabonosas.
Señaló que, en la actualidad se extienden permisos y cambios de usos de suelo por presidentes municipales de los municipios costeros sin el respaldo de certificados sobre densidad, exigencia de condiciones sobre aspectos de drenaje para nuevas construcciones, además del desmedido crecimiento de asentamientos irregulares de población marginada en rellenos mal realizados en perímetros semi urbanos.
Destacó que, la meta de recuperación de estas áreas es vital para la población de especies marinas y aves. Recalcó que, el gobierno federal también tiene responsabilidad sobre este daño debido a la reducción de recursos a dependencias del cuidado, monitoreo y proyectos de atención a Parques Marinos y áreas protegidas.
Insistió en que, la autoridad federal, estatal y municipal deben de exigir el cumplimiento de la ley y aplicar sanciones severas para constructores que edifican a orilla de playa, cuando, la exigencia debe de ser a 100 metros de la playa para la recuperación de dunas y vegetación costera.
En los últimos años, las campañas de concientización han servido, pero no es suficiente, arremetió, porque los problemas ambientales continúan creciendo y la pérdida de estos ecosistemas pone en riesgo a una gran parte de la población, tanto ante efectos por los huracanes, como la pérdida de cientos de especies que habitan en estos recintos donde anidan y se reproducen, repuso.
Debe de exigirse una moratoria al crecimiento y detener la construcción de casas, fraccionamientos y zonas habitacionales al norte de Mérida y establecer exigencias rigurosas a constructores y empresas inmobiliarias para la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales y tratar de recuperar las zonas de manglares que se han perdido en los últimos años, aseveró.
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