La reducción de riesgos y daños (RRD) plantea un enfoque que parte de la visión del individuo como dueño y responsable de su cuerpo y mente.
La mayoría de los países aplica políticas de drogas diseñadas sobre el modelo de fiscalización de la ONU, establecido en tres tratados (1961, 1971 y 1988) y las constantes decisiones de sus organismos. Su propósito original fue controlar el comercio internacional de los productos de cannabis, coca y amapola. Actualmente fiscaliza decenas de plantas y sustancias y obliga a castigar actividades como el comercio. A esta versión anabolizada del sistema comúnmente se le llama prohibicionismo. Las razones para ampliarlo y endurecerlo constantemente suelen descansar en su propio fracaso: como no cumple sus objetivos, hay que fortalecerlo.
Y vaya que no los cumple. Los mercados prohibidos son más grandes que nunca y las pocas veces que la prohibición es exitosa produce efectos adversos. Un ejemplo es la aparición en los mercados de las nuevas sustancias psicoactivas. Muchas de ellas son químicos de reciente diseño para cubrir la demanda de drogas donde su prohibición es eficiente. Estas sustancias evaden la prohibición, pero por ser nuevas se desconocen sus riesgos, potencialmente mayores a los de las drogas que sustituyen. Lo anterior es sólo un ejemplo de las consecuencias de estas leyes, pero la lista es larga.
El fracaso de este sistema obliga a preguntarse cuál es la mejor alternativa. Muchos especialistas y organizaciones consideran que la respuesta es la reducción de riesgos y daños (RRD), un enfoque que parte de la visión del individuo como dueño y responsable de su cuerpo y mente, dentro de los límites que le imponen los mismos derechos de terceros. En este sentido, considera posibles consumos informados y responsables para quienes no desean practicar la abstinencia, a través de estrategias dirigidas a reducir sus posibles efectos negativos. Su principio es: si no consumes, no lo hagas; si consumes, déjalo; si no quieres dejarlo, infórmate y practica consumos más seguros.
La RRD en su concepto y forma actual se originó en los ochenta en Holanda; usuarios de drogas inyectables se organizaron para distribuir entre sus pares agujas nuevas para reducir los contagios de enfermedades causados por su intercambio. Su éxito llevó a que algunos gobiernos replicaran estos programas y actualmente se aplican en varios países a nivel gubernamental y civil, para el uso de distintas drogas. En México, algunos ejemplos son políticas como el alcoholímetro y los espacios libres de humo, así como servicios ciudadanos como el Programa de Análisis de Sustancias (para que usuarios conozcan con mayor precisión el contenido real de sus drogas), información sobre riesgos y daños para usuarios, entre otros que no buscan eliminar el consumo, sino advertir sobre él.
Un común denominador de estas estrategias es su efectividad. Los ejemplos en este sentido son contundentes. A pesar de ello, el actual sistema internacional sigue siendo defendido por la mayoría de los Estados y la burocracia multilateral que se sostiene sobre él, misma que, al igual que los mercados de drogas ilegales, no ha dejado de crecer y enriquecerse desde su origen. Una discusión que en serio pretenda construir propuestas para la solución de problemas que actualmente ocasionan fenómenos asociados con las drogas, implica reconocer el fracaso de las estrategias prohibicionistas y voltear hacia mejores alternativas, y según la experiencia y evidencia disponibles, la RRD es una muy prometedora.
Fuente: EL ECONOMISTA.
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