Cancún, (Quintana Roo Urbano).- El Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo ha dictado una de las sanciones más severas contra un exfuncionario en la historia del estado: 20 años de inhabilitación para Laura Fernández Piña, quien fuera presidenta municipal de Puerto Morelos de 2016 a 2021.
La resolución, resultado de una investigación por abuso de funciones, también incluye una multa de 78.9 millones de pesos por daño patrimonial a la hacienda municipal.
El origen del escándalo
Las denuncias en su contra surgieron tras detectarse contratos millonarios adjudicados a empresas con presuntos vínculos familiares y personales. Dos casos resaltan en la investigación:
• Alumbrado público: Un contrato inicial de 42.9 millones de pesos se elevó inexplicablemente a 381.6 millones, comprometiendo las finanzas del municipio por dos décadas.
• Construcción de una unidad administrativa: La obra, originalmente presupuestada en 57.9 millones, terminó costando 336 millones de pesos, sin una justificación clara.
Las irregularidades, según el tribunal, configuran una falta administrativa grave de abuso de funciones.
Laura Fernández Piña comenzó su trayectoria política en 1999 y ocupó varios cargos clave, como secretaria de Turismo durante el gobierno de Roberto Borge (2013-2016). En 2021 llegó al Congreso federal como diputada, y en 2022 compitió por la gubernatura de Quintana Roo con la coalición “Va por Quintana Roo” (PAN-PRD-Confianza).
Sin embargo, su candidatura estuvo marcada por acusaciones de corrupción, y ahora, con la inhabilitación de dos décadas El fallo contra Fernández Piña se suma a una serie de acciones en Quintana Roo para combatir la corrupción de administraciones pasadas.
Su caso envía un mensaje claro: los excesos en el manejo de recursos públicos no quedarán impunes.
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