En México, se registraron 639 agresiones contra la prensa en 2024, un aumento del 14% comparado con las 561 del año anterior.
Artículo 19 presentó su informe «Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información», en el que denunció un retroceso institucional sin precedentes en materia de transparencia, derechos humanos y libertad de prensa. El informe también alertó sobre el uso del aparato judicial como herramienta de censura, con 21 casos de acoso judicial documentados en 2024. En el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, cinco periodistas fueron asesinados, incluyendo a Mauricio Cruz Solís.
Los cinco estados con mayor número de agresiones documentadas fueron Ciudad de México (170), Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32), que en conjunto concentraron el 51% de los casos en 2024. Los funcionarios públicos fueron identificados como los principales agresores, responsables de casi el 45% de los ataques. Sin embargo, el informe advirtió sobre la dilución de las fronteras entre autoridades y crimen organizado debido a los vínculos entre alcaldes, policías y jueces. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, advirtió que «la democracia se tambalea cuando la verdad es una moneda de cambio en el juego del poder».
El texto aborda la problemática de la transparencia y anticorrupción en México, destacando la preocupación del director regional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la debilidad de los contrapesos democráticos y el riesgo para los derechos ciudadanos.
Los conceptos clave son la transparencia, la anticorrupción, la impunidad y los derechos ciudadanos. Se menciona la desaparición del INAI y la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como su sucesora presunta, pero se critica que el nuevo modelo está fragmentado, carece de autonomía y pone en riesgo millones de documentos resguardados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Se destacan datos relevantes como el debilitamiento de los contrapesos democráticos en México y el riesgo para los derechos básicos de los ciudadanos. También se menciona que la nueva legislación ya no obliga a las autoridades a documentar todos sus actos, lo cual abre la puerta a la opacidad y limita el escrutinio público. Además, se alerta sobre la adquisición de herramientas de espionaje por parte del Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República sin procesos de licitación ni supervisión.
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