Eduardo May.- Mérida, Yuc. 24 de junio.- Luego de la declaratoria del sector patronal contra la regularización de vivienda ilegalmente por parte del Infonavit, este día, trabajadores y pensionados de la institución protestaron y demandaron que la dependencia paraestatal detenga el procedimiento anunciado para beneficiar la ocupación irregular.
A las puertas de la dependencia, trabajadores y jubilados se pronunciaron en favor del desplegado emitido por la cúpula empresarial del país y detener las posibles arbitrariedades, estableciendo que los recursos que destina la dependencia para la construcción de vivienda son aportaciones y no recursos gubernamentales.
El domingo pasado a cúpula empresarial formada por Coparmex, CNET, Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Empresarial de Exportación, publicaron un comunicado conjunto donde señalan su abierta oposición a la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, exigimos que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes.
El anuncio responsabiliza a las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al gobierno federal, por el anuncio que pretende entregar vivienda a personas que ocupan ilegalmente viviendas y que serían vendidas o cedidas como propiedad.
Sobre este tema, los trabajadores demandaron junto con las Cámaras empresariales, que el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros, sin vulnerar derechos de propiedad. Ya que, las viviendas se construyen con aportaciones obrero-patronales y no son recursos del estado, por lo que, dichas propiedades no pertenecen al estado y no pueden donarse, venderse o entregarse de manera ilegal.
El sector empresarial declaró de manera tajante que, la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados, contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad.
Los sectores económicos demandaron la responsabilidad del funcionario ya que, esta condición pone en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo. El Infonavit no puede avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen, suscribe el comunicado.
La declaración conjunta obrero-patronal indica que, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil, el 86 por ciento de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto, ni con los legítimos propietarios.
Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente, aseveran los empresarios.
Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago, demandaron los trabajadores
About the Author
