Eduardo May.- Mérida, Yuc. 9 de julio.- Urge atender la extorsión con inteligencia, protocolos eficaces y legislación específica para frenar uno de los delitos más lesivos para las empresas. Es necesaria una reforma al artículo 73 constitucional para expedir una Ley General de Extorsión que permita coordinar de forma eficaz la persecución del delito en todo el país demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-Mérida)
La Iniciativa Privada, destacó el organismo empresarial, respalda las acciones que el gobierno federal busca implementar para reducir este lacerante problema para el sector privado, pero de inicio, es preciso legislar con acciones punitivas más fuertes contra los extorcionadores.
Coparmex-Mérida dio a conocer que, la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal, representa un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y vulnera la seguridad de millones de personas. Según cifras del sector empresarial, en el país, 2 de cada 3 empresas ha sido amenazada o agredida por no pagar derecho de piso o por no cubrir las exigencias de grupos delictivos.
La gremial empresarial señaló coincidencias con esta iniciativa y señaló que, urge que tenga un impacto real, debe acompañarse de reformas legales profundas que garanticen su efectividad. Resultados y acciones punitivas contra las bandas del crimen que las realizan, además de medidas fiscales y condiciones más exigentes para las empresas que resultan afectadas.
Según cifras del sector empresarial, el consumidor paga hasta un 8 por ciento más por cada producto debido a las condiciones de inseguridad en las empresas, lo que también incluye extorción y daños contra comercios, negocios y empresas. De la misma forma, la IP dio a conocer que, en los últimos 5 años han sido asesinados al menos 40 empresarios que se negaron a pagar extorciones.
Coparmex informó en un comunicado que, desde septiembre de 2023 impulsaron una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en la materia. Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las ‘puertas giratorias’ para criminales y asesinos.
También con cifras de Coparmex, al año, los montos estimados que las empresas han pagado por extorición en 2024 supera los 120 mil millones de pesos, esto es, el 0,67 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
Los datos, detalló el comunicado empresarial, reflejan con contundencia la gravedad de este problema que justificó, cada día 32,3 personas son víctimas de extorsión, lo que en conjunto ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
De la misma forma, explicó que, según Data Coparmex, el 12.8 por ciento de los socios -de Coparmex- ha sido víctima de extorsión, principalmente por vía telefónica. Este fenómeno impacta la toma de decisiones empresariales: 49.5 por ciento de los afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para crecer, concluyó.
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