
Gobierno de Trump activa instalaciones castrenses ante crisis migratoria.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció que las bases militares en Indiana y Nueva Jersey albergarán temporalmente a migrantes detenidos, asegurando que no afectará las operaciones militares. La medida responde al aumento de detenciones bajo la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha saturado los centros de retención. Legisladores demócratas y grupos de derechos civiles rechazaron la propuesta, cuestionando su legalidad y condiciones. La decisión revivió debates sobre el uso de instalaciones militares para fines migratorios, práctica empleada previamente por administraciones anteriores.
Hegseth defendió la medida argumentando que las bases Camp Atterbury (Indiana) y McGuire-Dix-Lakehurst (Nueva Jersey) tienen capacidad logística sin comprometer la preparación militar. Destacó que el objetivo es expandir la capacidad de detención de 60,000 a 100,000 plazas, según declaró Tom Homan, «zar fronterizo» de Trump. Sin embargo, no se precisó cuándo llegarán los detenidos ni si se evaluarán otras bases. El gobierno insistió en que la medida es temporal y necesaria ante el «aumento sin precedentes» de detenciones, incluyendo a personas sin antecedentes penales.
- Precedente legal: Uso de bases militares para detenciones civiles, criticado por la ACLU como «contrario a valores constitucionales».
- Tensión política: Legisladores demócratas, como Andre Carson, exigen transparencia sobre condiciones de detención.
- Crisis humanitaria: Riesgo de hacinamiento y vulneración de derechos, como denunció el caso de una migrante transgénero liberada por orden judicial.
Las bases ya han alojado refugiados en el pasado, pero la implementación actual enfrenta resistencia legal y social. El gobierno no ha confirmado fechas para el traslado de detenidos, mientras avanza la reconstrucción de la prisión de Alcatraz (costo estimado: $2,000 millones). Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional enfrenta críticas por su postura en casos de migrantes LGBTQ+, como el de Odalis Martínez, liberada tras denunciar abusos en detención.