Trump ordena censo sin migrantes indocumentados antes de elecciones clave

El presidente Donald Trump ordenó este jueves un nuevo censo que excluya a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos «ilegalmente», un año antes de las elecciones de medio mandato.

El presidente Donald Trump anunció este jueves un nuevo censo que excluirá a los migrantes en situación irregular, una medida con implicaciones electorales y políticas. La decisión, publicada en su plataforma Truth Social, busca redefinir la representación en el Congreso y el Colegio Electoral. El censo, previsto para 2030, influye en la distribución de fondos federales y escaños legislativos. Trump ya intentó incluir una pregunta sobre ciudadanía en 2020, pero la Corte Suprema lo bloqueó. La medida llega en un contexto de tensiones migratorias y disputas partidistas por el rediseño de distritos electorales.

Trump justificó la exclusión de migrantes indocumentados argumentando que el censo debe basarse en «hechos y cifras actuales». En su anuncio, enfatizó: «Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO». El mandato, dirigido al Departamento de Comercio, busca utilizar datos de las elecciones de 2024 para ajustar el recuento. Según analistas, la medida podría beneficiar a estados con mayor población republicana, como Texas, donde los conservadores buscan ganar hasta cinco escaños adicionales. Datos del Pew Research Center indican que, de aplicarse en 2020, estados como California habrían perdido representación. La población inmigrante legal supera el 70% del total, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

1. Impacto electoral: Podría alterar la distribución de escaños en el Congreso y el Colegio Electoral, favoreciendo a los republicanos.
2. Fondos federales: Estados con alta población migrante podrían recibir menos recursos, afectando servicios públicos.
3. Tensiones políticas: Aumenta la polarización, con demócratas acusando a Trump de manipular el sistema para ganar ventaja.
4. Precedente legal: La medida podría enfrentar desafíos judiciales, como ocurrió en 2020 con la pregunta sobre ciudadanía.

El Departamento de Comercio deberá implementar el censo alternativo, aunque su legalidad podría ser cuestionada en los tribunales. Los demócratas ya han reaccionado con protestas, incluyendo la huida de congresistas de Texas para evitar votaciones sobre redistritación. A corto plazo, se espera un aumento en las disputas legales y movilizaciones partidistas. La medida también podría influir en el debate migratorio de cara a las elecciones de 2026.