México prohíbe 35 plaguicidas tóxicos en medida histórica

El gobierno federal implementa la restricción más ambiciosa en su historia para proteger la salud y el medio ambiente, con fases adicionales en 2026 y 2027

El gobierno federal dará un paso sin precedentes este 3 de septiembre al publicar un decreto que prohíbe la importación, producción, distribución y uso de 35 plaguicidas altamente peligrosos, una decisión calificada como la «más ambiciosa en la historia del país» por las autoridades. La medida, anunciada por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, forma parte de una estrategia coordinada entre cuatro dependencias federales y marca el inicio de un plan escalonado que se extenderá hasta 2027.

¿Qué plaguicidas se prohiben y por qué?

Entre los 35 químicos vetados —cuya lista completa será dada a conocer con el decreto— se incluyen sustancias vinculadas a riesgos graves para la salud humana, como cáncer, alteraciones hormonales y daños neurológicos, así como a contaminación ambiental persistente. Aunque las autoridades no detallaron los nombres específicos en el anuncio, Berdegué enfatizó que se trata de productos «que no pueden manejarse como si fueran inocuos», comparándolos con medicamentos de alto control.

La prohibición no es absoluta para todos los agroquímicos: algunos permanecerán en el mercado bajo regulaciones estrictas, similares a las aplicadas a fármacos de prescripción médica. Por ejemplo, ciertos insecticidas domésticos (como los usados contra mosquitos) podrán seguir comercializándose, pero con protocolos de uso más rigurosos para evitar exposiciones peligrosas.

Esta primera etapa es solo el comienzo. Según el plan del gobierno, en 2026 se anunciará un segundo grupo de plaguicidas prohibidos, seguido de un tercer paquete en 2027. La iniciativa, impulsada desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reducir gradualmente la dependencia de agroquímicos tóxicos y promover alternativas menos dañinas para la agricultura.

La coordinación está a cargo de cuatro secretarías:

• Agricultura (Sader): Lidera la implementación y supervisión.
• Salud (Cofepris): Evalúa los riesgos para la población.
• Economía: Regula el comercio y las importaciones.
• Medio Ambiente (Semarnat): Analiza el impacto ecológico.

México es uno de los principales importadores de plaguicidas en Latinoamérica, con un mercado que supera los 1,500 millones de dólares anuales. Sin embargo, estudios de organizaciones como la FAO y la OMS han alertado sobre el uso indiscriminado de sustancias prohibidas en otros países por sus efectos en la salud y los ecosistemas. Entre los casos más documentados están:

• Intoxicaciones agudas en trabajadores agrícolas por exposición a pesticidas.
• Contaminación de suelos y agua en regiones con alta producción, como Sinaloa y Michoacán.
• Resistencia de plagas debido al abuso de químicos, lo que reduce la eficacia de los cultivos.

Hasta ahora, las restricciones en México habían sido parciales o lentas. Por ejemplo, el glifosato —herbicida vinculado al cáncer— fue prohibido en 2020, pero su eliminación total se pospuso hasta 2024 por presiones de sectores agrícolas. La nueva medida, en cambio, acelera el proceso y amplía el espectro de sustancias reguladas.

Aunque la decisión ha sido aplaudida por organizaciones ambientalistas y de salud pública, su implementación enfrentará desafíos:

1. Alternativas para agricultores: Muchos productores, especialmente pequeños y medianos, dependen de estos plaguicidas. El gobierno promete capacitación y apoyo técnico para transitar hacia métodos sostenibles, como el control biológico de plagas.
2. Fiscalización: Evitar el mercado negro de agroquímicos será clave. Las autoridades anunciaron operativos conjuntos con aduanas y puntos de venta.
3. Impacto en precios: Algunos cultivos podrían encarecerse temporalmente, aunque a largo plazo se espera reducción de costos en salud pública.

Berdegué fue claro al señalar que el objetivo no es eliminar todos los plaguicidas, sino «usarlos con responsabilidad». La comparación con los medicamentos no es casual: así como no todos los fármacos son de venta libre, no todos los agroquímicos deberían estar al alcance sin supervisión.

En resumen: México da un giro radical en su política agroquímica con una prohibición que, aunque gradual, sentará un precedente en la región. Los próximos años serán cruciales para evaluar si la medida logra equilibrar protección ambiental, salud pública y seguridad alimentaria.