El Gobierno de Sheinbaum anuncia un nuevo equipo independiente para el caso, pero familiares exigen transparencia y el regreso del GIEI, disuelto en 2023 por la obstrucción militar
CdeM.-Once años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Gobierno mexicano anunció este jueves un giro en la investigación: buscará, con apoyo de la ONU, un nuevo equipo de expertos independientes para reexaminar el caso.
La decisión llega tras una reunión tensa con los familiares de las víctimas, quienes denunciaron una vez más la falta de avances y exigieron imparcialidad en las pesquisas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó revivir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —cuya salida en 2023 se debió a la negativa del Ejército de compartir información clave— y aseguró que los nuevos investigadores seguirán líneas «científicas» impulsadas por el fiscal Mauricio Pazarán.
Un caso estancado y familias sin respuestas
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, en un operativo que involucró a policías locales, narcotraficantes y, según múltiples informes, a miembros del Ejército. Desde entonces, el caso se ha convertido en símbolo de la crisis de derechos humanos en México: 11 años de versiones contradictorias, pruebas manipuladas y una verdad que las familias aún no conocen. «No hay información nueva», denunciaron los padres tras reunirse con Sheinbaum, criticando que las nuevas metodologías —como el análisis tecnológico de teléfonos celulares de dos estudiantes que estuvieron activos días después— no han arrojado resultados concretos.
El anterior equipo independiente, el GIEI, abandonó la investigación en 2023 tras acusar al Estado de «obstrucción sistemática», especialmente por parte de las Fuerzas Armadas. Sus informes previos señalaban la participación de militares en los hechos, pero el Ejército se negó a entregar registros de comunicaciones y movimientos de esa noche. Ahora, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, liderará la gestión con la ONU para conformar un nuevo grupo, aunque Sheinbaum aclaró que «no será el GIEI», pues muchos de sus integrantes «ni están interesados en regresar».
La ONU en la mira: entre críticas y esperanzas
Naciones Unidas ha seguido de cerca el caso Ayotzinapa, cuestionando en repetidas ocasiones la falta de transparencia del Gobierno mexicano. En abril de 2024, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU calificó las desapariciones en México como «sistemáticas y generalizadas», y recomendó frenar la militarización del país. Sheinbaum respondió entonces con contundencia: «En México no hay desaparición forzada desde el Estado», una afirmación que contrasta con las más de 133,000 personas desaparecidas registradas oficialmente.
Ahora, el Gobierno apuesta por un enfoque «multidisciplinario y científico» para analizar pruebas ya existentes, como datos de llamadas y dispositivos móviles. Sheinbaum confía en que esta estrategia —que según ella «no se había utilizado antes»— podría «ampliar el conocimiento de la verdad» y ubicar a los jóvenes. Sin embargo, los familiares insisten en que no se abandonen las líneas de investigación basadas en testimonios, acumuladas durante una década.
¿Un avance real o más promesas incumplidas?
Mientras el fiscal Pazarán pide tiempo para consolidar pruebas que sustenten órdenes de aprehensión, las familias salieron decepcionadas de la reunión con Presidencia. «No vemos voluntad política», declaró un representante de los padres, quien recordó que el caso ha sido manipulado por sucesivos gobiernos. La pregunta ahora es si el nuevo equipo —por definir— tendrá acceso irrestricto a la información que el GIEI no pudo obtener, o si enfrentará los mismos obstáculos.
El anuncio de Sheinbaum llega en un contexto delicado: a días de conmemorarse otro aniversario del crimen, con una sociedad mexicana cada vez más escéptica y un sistema de justicia cuestionado. La búsqueda de expertos internacionales podría ser un paso hacia la verdad, pero también un intento por calmar las críticas sin garantizar cambios estructurales. Lo cierto es que, 11 años después, los 43 estudiantes siguen desaparecidos, y sus familias exigen más que promesas: hechos.
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