Mérida, Yuc. 2 de oct/Eduardo May.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), manifestó su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo actualmente en discusión en el Congreso de la Unión y que hoy fue aprobada en comisiones por el senado de la República.
En un comunicado, los industriales del país destacaron que, “la intención del Ejecutivo Federal de agilizar procesos y sancionar dilaciones en la justicia podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional”
El documento del sector transformador detalla que, la iniciativa limita el interés legítimo a quienes acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Esto restringe la defensa de derechos colectivos y dificulta que cámaras empresariales u organizaciones puedan proteger normas de interés común, por ejemplo, en materia ambiental o de competencia.
Expertos advierten que esta definición “entorpece la admisión de amparos” y excluye a actores que tradicionalmente han defendido a comunidades y sectores completos. Además, limita las suspensiones provisionales ya que, esta iniciativa excluye la posibilidad de suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero, telecomunicaciones y competencia económica.
En términos industriales, significa que una empresa podría perder de inmediato su concesión o autorización, aun si más adelante un juez le da la razón. Esto genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión.
Otro punto advirtió el comunicado, esta iniciativa restringe la ampliación de demanda y a la suspensión de actos fiscales, esto, elimina la posibilidad de ampliar la demanda en la mayoría de los casos y se limita el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución y prescripción de créditos firmes. Esto deja a las empresas con menos vías para defenderse de decisiones tributarias que pueden afectar seriamente su liquidez y continuidad operativa, advirtió.
En tanto que, imposibilita jurídica o materialmente de cumplimiento de sentencias, lo que permitiría que las autoridades queden exentas de responsabilidad penal si alegan imposibilidad jurídica o material para acatar una sentencia. Esta disposición podría debilitar la efectividad de los amparos ganados por empresas, ya que las resoluciones a su favor podrían no traducirse en una reparación efectiva.
Un quinto punto, infiere sobre la exclusión de suspensiones en sectores estratégicos: Telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica quedarán expresamente fuera de la posibilidad de suspensión. Esto implica vulnerabilidad inmediata frente a actos administrativos, aun cuando resulten ilegalesCanacintra señaló que, el amparo es el pilar histórico de la seguridad jurídica en México, y su debilitamiento compromete la confianza de los inversionistas y la operación cotidiana de nuestras empresas.
En este sentido: Exhortaron al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos. Solicitaron foros de Parlamento Abierto incluyentes, donde participen juristas, constitucionalistas y representantes empresariales, a fin de corregir los riesgos señalados. Y opinaron que, la limitación del interés legítimo y de las suspensiones provisionales puede erosionar la certeza jurídica, afectar la competitividad de nuestras cadenas productivas y poner en riesgo empleos e inversiones
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