Reforma legal prohíbe cobros y restricciones en zonas costeras y ecológicas; Senado analizará la iniciativa aprobada por unanimidad en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que consagra el acceso libre, gratuito y permanente a las playas marítimas, la zona federal marítimo-terrestre y áreas naturales protegidas del país. La medida, impulsada por legisladores de Morena, modifica dos leyes clave: la General de Bienes Nacionales y la General del Equilibrio Ecológico, con el objetivo de evitar la privatización de estos espacios y garantizar su uso público sin discriminación.
El dictamen, avalado con 470 votos a favor (y solo uno en contra en su discusión particular), establece que ninguna autoridad ni particular podrá imponer cobros, cuotas o condiciones para ingresar a las playas, salvo excepciones justificadas por protección ambiental, seguridad pública o interés nacional, reguladas por leyes específicas. Además, obliga a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) a asegurar vías de acceso seguras y señalizadas desde espacios públicos, eliminando barreras físicas o administrativas.
En el caso de las áreas naturales protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) deberá garantizar al menos un día de acceso gratuito por semana, priorizando domingos y días festivos. Cuando las condiciones lo permitan, se promoverá la entrada sin costo, siempre bajo estrictos protocolos para preservar la biodiversidad. La reforma también instruye aplicar descuentos en los derechos federales para visitar estos sitios, conforme a la Ley Federal de Derechos.
Contexto y siguientes pasos
La iniciativa surgió en 2024 como respuesta a denuncias sobre privatización encubierta de playas, donde desarrolladores inmobiliarios o prestadores de servicios limitaban el paso a través de estacionamientos de pago, clubes privados o restricciones arbitrarias. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones que «las playas son del pueblo», alineándose con esta reforma que ahora deberá ser discutida y ratificada por el Senado de la República.
De aprobarse en la Cámara alta, la ley entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un precedente en la protección del derecho al esparcimiento y al medio ambiente en México. Expertos destacan que, aunque el marco legal ya reconocía el carácter público de las playas, esta reforma cierra vacíos que permitían su uso exclusivo y fortalece los mecanismos de fiscalización.
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