Mientras 900 empleados ya recibieron sus liquidaciones, el órgano regulador se niega a compensar a personal de «libre designación», pese a décadas de servicio
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mantiene una deuda de al menos 80 millones de pesos con 133 trabajadores, a quienes se niega a indemnizar tras la extinción del organismo, pese a que algunos acumulan más de 10 años de servicio. La controversia surge después de que el pleno del IFT aprobara, el 5 de septiembre de 2024, un esquema de pagos que excluye al personal de «libre designación» —aquellos no ingresados por concurso—, argumentando que no cuentan con «estabilidad laboral» según la nueva Ley de Telecomunicaciones.
La decisión ha generado protestas entre los afectados, quienes denuncian que el criterio es arbitrario y discriminatorio. «El artículo noveno transitorio de la ley está siendo interpretado de manera restrictiva para dejarnos fuera, cuando nuestra contribución fue igual o mayor que la de otros colegas ya indemnizados», declaró a El Economista un exfuncionario del área de competencia económica, quien participó en regulaciones clave del sector. Los trabajadores afectados han presentado solicitudes formales y sostenido reuniones con el comisionado presidente del IFT y la Unidad de Administración, sin obtener respuesta.
Pagos desiguales y contrataciones express
Mientras el IFT extinguirá legalmente sus funciones una vez que el Senado apruebe a los comisionados de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —cuyos candidatos aún no envía la Presidencia—, el órgano ha procedido a liquidar a 900 empleados (el 75% de su planta laboral) entre el 22 y 23 de septiembre de 2024. Estos recibieron:
- Tres meses de salario + 20 días por año trabajado (para quienes tenían estabilidad laboral).
- Aguinaldo y prima vacacional proporcional (para el resto).
Sin embargo, los 133 excluidos —muchos con más de una década en el IFT— solo han recibido silencio. «Ya recibimos respuestas negativas del pleno. El comisionado presidente y su equipo se escudan en que no cumplimos con el artículo noveno, pero eso es falso», añadió una trabajadora afectada.
Paradójicamente, mientras niega las indemnizaciones, el IFT contrató a 450 personas bajo esquemas eventuales para cubrir tareas regulatorias pendientes, especialmente en la Unidad de Concesiones y Servicios. Fuentes internas revelaron que estos contratos duran solo días, ante la urgencia por cerrar procesos antes de la transición a la CRT. La demora en la designación de los nuevos comisionados —la Presidencia ha incumplido dos plazos para enviar la terna al Senado— ha prolongado la incertidumbre legal y laboral.
¿Qué sigue?
Los trabajadores afectados exploran vías legales y han buscado apoyo en la Autoridad del Trabajo de la Ciudad de México (ATDT), aunque hasta ahora sin avances. «La CRT aún no existe, pero el IFT sigue operando con personal temporal mientras nos deja en el limbo», criticó otro exempleado.
La extinción del IFT, decidida en las reformas administrativas de 2024 y sectoriales de 2025, busca centralizar la regulación de telecomunicaciones en la CRT. Sin embargo, el proceso ha dejado al descubierto fallas en la transición: desde pagos desiguales hasta la contratación express de personal, en un contexto donde la Presidencia retrasó por segunda vez el envío de la terna de comisionados que daría inicio formal a la nueva era regulatoria.
Contexto clave:
- IFT: Órgano autónomo que reguló telecomunicaciones y radiodifusión en México desde 2013. Su extinción fue aprobada en 2024.
- CRT: Nueva comisión que lo reemplazará, pero su conformación depende de que el Senado apruebe a los comisionados propuestos por el Ejecutivo.
- Artículo 9° transitorio: Base legal usada por el IFT para diferenciar pagos, aunque los trabajadores denuncian una aplicación selectiva.
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