Mérida, Yuc. 6 de oct/Eduardo May. – Poco más de mil familias de 48 comunidades en 7 municipios de Yucatán y dos de Quintana Roo no reciben atención ni servicios por los problemas de linderos entre los dos estados. Las familias de estas pequeñas poblaciones no reciben debidamente atención médica constante, servicios educativos, ni atención de seguridad pública.
David Valdez Jiménez diputado local de Yucatán señaló que, el Congreso de Yucatán ha insistido a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie y determine las condiciones establecidas sobre el litigio entre los tres estados que se ha prolongado por años y no hay respuesta.
Valdez Jiménez señaló de reclamos y condiciones de los presidentes municipales de los municipios de Chichimilá. Valladolid, Chemax, Tekax, Peto, Tzucabab y Tixcacalcupul por demandas de las poblaciones limítrofes que no reciben atención o en su caso, no pertenecen a Yucatán.
Explicó el caso de tres poblaciones: Hidalgo, Punta Laguna y Villa Guadalupe, algunos puntos de reciente creación que acuden por facilidades carreteras a las alcaldías yucatecas, cuando en realidad pertenecen territorialmente a los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo.
Según expuso, originalmente los linderos territoriales no son tan detallados y explícitos para todos los pobladores, en algunos casos, hay rancherías que están establecidas exactamente en la división territorial de ambos estados, donde una calle es oficialmente el estado de Yucatán y cruzando la calle es el Estado de Quintana Roo, lo que muchas personas queden en la indefensión y sin poder recurrir legalmente a sus autoridades para recibir apoyos.
Indicó también que, con la demarcación que realizó el Instituto Federal Electoral previa a la elección de 2018 y la nueva ‘redistritación’, algunos pobladores que, antes votaban en Yucatán, ahora lo hacen en Quintana Roo, lo que ocasiona que no tengan tampoco las condiciones para tener un domicilio específico que responda por el político de su demarcación territorial.
Valdez Jiménez destacó que, de manera puntual el Legislativo yucateco ha solicitado al Supremo establecer una postura para que estas casi 4 mil personas tengan certeza jurídica de sus poblaciones, reciban cuidados sanitarios, educativos y sus representantes políticos acudan a resolver las necesidades que demandan.
Afirmó que, los presidentes municipales afectados han señalado esta misma condición al Congreso del Estado para poder recibir más recursos y llevar estas condiciones a los pequeños poblados, rancherías y asentamientos humanos que están ‘en el aire’ por falta de una definición de los linderos de ambos estados y con ello, hacer responsables a sus autoridades de los problemas que se presentan en estos sitios, comentó.
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