La administración de Donald Trump ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, una acción drástica y más generalizada de lo que se había reportado, utilizándola como herramienta de presión en su estrategia contra los cárteles de la droga.
La revocación de visas por parte de Estados Unidos a funcionarios extranjeros es un mecanismo que ya se ha utilizado en administraciones previas. Sin embargo, exembajadores estadounidenses señalan que nunca se había hecho a esta escala, lo que indica una clara disposición del presidente Trump a utilizar la herramienta diplomática para conseguir objetivos políticos, especialmente en el contexto de su ofensiva antinarcóticos. La medida se concentra en políticos en funciones, algo considerado usualmente demasiado sensible en la diplomacia bilateral. Anteriormente, la cancelación de visas a políticos solía estar ligada a una condena o un caso penal ya en curso, lo cual no es el caso en la mayoría de estas revocaciones.
Actualmente, el gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, incluyendo más de 50 del partido oficialista Morena y decenas de otros partidos. Esta acción ha causado una discreta conmoción en la élite política de México. La revocación forma parte de la estrategia de seguridad de Trump, donde la inteligencia de la DEA sobre presuntos vínculos con cárteles de la droga está influyendo cada vez más en el estatus migratorio. Estados Unidos no está obligado a dar explicaciones para revocar una visa, lo que ha generado confusión y temor entre los funcionarios mexicanos sobre posibles investigaciones penales en su contra. Solo cuatro funcionarios han confirmado públicamente la pérdida de su visa, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien niega cualquier vínculo criminal.
La acción estadounidense no se limita a México, pues el exembajador Christopher Landau se ha referido a sí mismo como «El Quitavisas» debido a revocaciones a personas percibidas como enemigos políticos e ideológicos en otros países latinoamericanos. Entre los afectados se encuentran el presidente de Colombia, Gustavo Petro, jueces y funcionarios en Brasil, y el expresidente y Premio Nobel de la Paz de Costa Rica, Óscar Arias. En México, esta medida amenaza con complicar la ya tensa relación bilateral en medio de negociaciones clave de seguridad y comercio. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por colaborar estrechamente con EE. UU. contra los cárteles, ha condenado las insinuaciones de la administración Trump sobre posibles acciones militares unilaterales, lo que, según expertos, podría llevar a que la colaboración se perciba como políticamente costosa.
La información y los datos provienen de un reporte especial de la agencia de noticias Reuters (citando a dos funcionarios y exembajadores estadounidenses), así como de declaraciones públicas de la gobernadora de Baja California y funcionarios del Departamento de Estado y la Presidencia de México.
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