El condado de Los Ángeles ha declarado el estado de emergencia en respuesta a las redadas masivas contra inmigrantes de la Administración Trump, buscando habilitar fondos para ofrecer apoyo económico y legal a los residentes afectados.
El estado de California, y en particular el condado de Los Ángeles, ha mantenido una postura de santuario y resistencia frente a las políticas de «tolerancia cero» impuestas por la administración de Donald Trump. La tensión ha escalado desde el verano, cuando las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se intensificaron, generando temor en la comunidad migrante y complicando la vida económica y social de grandes sectores de la población, de la cual casi un tercio de sus 10 millones de residentes son extranjeros.
Ante el recrudecimiento de las operaciones de ICE, las autoridades del condado de Los Ángeles han declarado el estado de emergencia. Esta medida permite a la Junta de Supervisores destinar fondos públicos para ofrecer asistencia directa a los residentes que se hayan visto perjudicados económicamente por las redadas. La ayuda se centrará en dos áreas clave: asistencia legal y servicios para la población afectada, y ayudas al alquiler para arrendatarios. La intención es mitigar una posible crisis de vivienda y retrasar las órdenes de desahucio que puedan derivarse de las detenciones. Se estima que en agosto pasado, unas 5,000 personas fueron detenidas en Los Ángeles como parte de esta política migratoria. La Junta de Supervisores ha alertado que el impacto de estas redadas podría extenderse, afectando también la estabilidad de los negocios locales. Un portal de internet será habilitado en las próximas dos semanas para gestionar estas ayudas.
La información y los datos provienen de reportes de la cadena de televisión CNN y de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
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