El proyecto contempla modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Busca eliminar cargos no solicitados, agilizar las cancelaciones y asegurar la claridad en los costos.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma. Busca endurecer las reglas para bancos y comercios en el manejo de tarjetas de crédito y débito. El objetivo es frenar cobros no autorizados y reforzar la transparencia. Las áreas de quejas recurrentes eran las comisiones ocultas y los servicios añadidos sin permiso. También estaban los contratos poco claros y las cancelaciones complicadas. El dictamen avalado en San Lázaro fue enviado al Senado de la República para su revisión.
Claves de los cambios más relevantes
La reforma se enfoca en tres frentes. Busca eliminar cargos no solicitados. Además, obliga a una mayor claridad en costos y asegura la simplicidad en el proceso de cancelación.
- Prohibición de cobros no autorizados. Las entidades no podrán cobrar comisiones, seguros, membresías o beneficios adicionales. Estos deben estar autorizados previamente en el contrato o por el consentimiento expreso del usuario.
- Cargos nulos sin consentimiento expreso. Si el banco no puede acreditar de forma clara que el usuario aceptó un servicio, no podrá generar ningún tipo de cargo o comisión.
- Mayor transparencia en costos. Los emisores de tarjetas deben dar información clara, veraz y suficiente sobre todos los costos y cargos asociados.
- Cancelación rápida, sencilla y sin costo. La cancelación deberá realizarse por canales presenciales, telefónicos y digitales. Debe haber un botón visible en aplicaciones y banca en línea disponible 24/7. El proceso debe completarse en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud, sin penalizaciones.
- Tarjetas no solicitadas son nulas. Cualquier tarjeta emitida sin consentimiento expreso se considera nula de pleno derecho. Las entidades deben abstenerse de emitir medios de disposición sin autorización del usuario.
La reforma establece un marco más estricto. Fija obligaciones claras para las instituciones financieras y comerciales. El fin es evitar prácticas que afecten a los usuarios.
La información y los datos provienen de EL ECONOMISTA, basados en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados sobre la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
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