Mérida, Yuc. 9 de abril/Eduardo May – La Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, advirtió que el resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el bloqueo de cuentas bancarias sin control judicial previo, debilita el Estado de Derecho, incrementa la desconfianza empresarial internacional de invertir en el país y genera incertidumbre entre la población sobre el uso político que puedan dar a esta condición.
Corparmex-Mérida señaló en un comunicado que, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo. Cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene el artículo 14 Constitucional y distintos tratados internacionales ratificados en el país.
El sindicato patronal que aglutina a las empresas más importantes del estado advirtió que la determinación de la SCJN el pasado lunes 6 de abril, establece un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.
La resolución determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
El esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20 constitucional, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa. Esta medida puede generar efectos similares a una sanción antes de acreditar responsabilidad, colocando a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa.
La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo, se afecta la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país, sostiene la cúpula empresarial de Yucatán.
Este escenario resulta especialmente sensible en el marco de las acciones que se llevan a cabo para la firma del Tratado de Comercio que se ventila actualmente con Canadá y Estados Unidos (T-MEC) y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México.
El impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99 por ciento del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria. A diferencia de las grandes corporaciones, carecen de estructuras jurídicas y reservas financieras para enfrentar procesos prolongados ante la UIF o tribunales.
Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio, sostuvo el sector empresarial, por lo que es preciso atender las condiciones que aplica el Poder Judicial sobre las condiciones y necesidades de los sectores económicos y la afectación que resulte de este dictamen del Supremo, se informó.
Descubre más desde NotaTrasNota
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
