William Parra .- Mérida, Yuc. 28 de agosto. – De las diecinueve universidades, institutos y escuelas de nivel superior que incluyen la carrera de Derecho en Yucatán y matriculan a unos 11 mil estudiantes y poco más de mil 780 profesores, ninguna ha mostrado interés en las demandas de apoyo a trabajadores, jueces y magistrados ante la posible reforma del organismo judicial federal.
En Yucatán, 19 instituciones ofrecen la licenciatura en Derecho. Las instituciones registradas son: Escuela Bancaria y Comercial (EBC); Universidad Anáhuac Mayab; Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Derecho; Universidad del Valle de México (UVM), Escuela de Derecho; Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID); Universidad Latino; Universidad Marista de Mérida; Universidad Modelo; Universidad Modelo, Valladolid; Universidad del Valle del Grijalba (UVG) y Universidad Vizcaya de las Américas (UVA).
Además, aparecen con publicidad con esta licenciatura: Universidad República de México; Centro Universitario José Vasconcelos; Centro de Estudios Superiores CTM; Instituto Universitario Patria; Instituto Universitario Puebla; Universidad Santander; Instituto Universitario de Yucatán y Universidad Mesoamericana de San Agustín.
Este día, alumnos y profesores de la carrera de Derecho de la UNAM salieron a las calles en la capital del país, para sumarse en apoyo de trabajadores, jueces y magistrados que se oponen a la reforma del organismo judicial federal que intenta imponer el gobierno central. En tanto, en ciudades como Mérida y otras capitales del país, el silencio de instituciones, profesores y estudiantes se muestra notoriamente.
La posible intervención del gobierno para realizar cambios significativos al Poder Judicial de la Federación ha movilizado a cientos de personas, grupos de abogados, asociaciones y grupos de la sociedad civil, sin que los estudiantes y profesores se involucren en estos posibles cambios hasta el día de hoy que cambió la dinámica para sumarse a estas demandas.
El posible cambio en la selección de jueces y mecanismos de control por parte del Poder Judicial ha derivado incluso en la “pausa” diplomática del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, que señalan el clima desfavorable para inversiones y reubicación de empresas.
Es importante establecer que, en otros estados como Jalisco y Chihuahua, estudiantes, principalmente han salido a las calles para reclamar las condiciones en favor de los trabajadores del Poder Judicial Federal y las posibles causas y efectos que tendría los cambios que pretende imponer el partido oficialista desde el Poder Ejecutivo.
De la misma forma, desde instituciones internacionales en Estados Unidos y Europa organismos judiciales han señalado el impacto negativo a las causas democráticas por estos cambios que se busca establecer en detrimento de la justicia, el equilibrio de poder, las garantías legales para la población y la pérdida de oportunidades en inversiones y proyectos productivos con otras naciones.