José Cortazar Navarrete.- Mérida, Yuc. 6 de sept.- La Iniciativa Privada de Yucatán lanzó una segunda carta abierta a los legisladores federales para analizar de manera detallada los posibles cambios al Poder Judicial Federal a fin de evitar una mayor incertidumbre económica, responsabilidad de los funcionarios y objetivos claros y definitivos a las nuevas reglas del organismo judicial.
El Consejo Coordinador Empresarial del estado que aglutina a 17 Cámaras empresariales y a los principales intereses económicos de Yucatán dio a conocer una nueva misiva para establecer su postura y condiciones ante las modificaciones que el oficialismo desea imponer al organismo judicial.
En la Carta Abierta entregada a los medios, el CCE-Yucatán señala que, “el 4 de septiembre, se aprobó en Cámara de Diputados la reforma del Poder Judicial. Las razones para aprobar esta reforma no fueron lo suficientemente discutidas, ni todas las voces escuchadas. Tan es así que, fue aprobada por una legislatura, que no fue quién recibió, ni discutió la iniciativa en comisiones” destaca el documento.
“La reforma, como ha sido aprobada, pone en riesgo la división de poderes y pone a los ciudadanos en estado de indefensión, frente a los actos de gobierno que atenten contra los derechos de los mexicanos” suscribe la carta.
Y refieren al menos cuatro puntos que a juicio de los empresarios trastocará las condiciones del equilibrio de poderes, la incertidumbre y el Estado de Derecho de la población. “Cabe destacar lo siguiente: como consecuencia de lo que se provocará en caso de que, la Cámara de Senadores y los Congresos de los Estados, aprueben sin revisión y sin modificaciones, esta iniciativa de Reforma al Poder Judicial.
“En primer lugar, destaca el comunicación, el proceso de selección y ratificación de jueces y magistrados contemplado en la reforma carece de la transparencia y el rigor necesarios para garantizar la independencia del poder judicial”.
-Segundo, la falta de mecanismos de control adecuados, podrían conducir a una erosión de la confianza pública en el sistema judicial y, en consecuencia, a una mayor corrupción, advierte la publicación.
-Tercero, la reforma también plantea preocupaciones en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. La justicia no debe ser objeto de manipulaciones políticas ni de intereses partidistas; debe ser imparcial y defender los derechos de todos los ciudadanos por igual. Cualquier medida que comprometa la capacidad de los jueces para actuar sin presiones externas pone en riesgo la equidad y la justicia.
Y Cuarto, existe el riesgo real de la pérdida de inversión en México con la consiguiente pérdida de empleos debido a la incertidumbre que crea el que la imparcialidad de los jueces este comprometida.
“Todavía estamos a tiempo de que se haga una reforma razonada y que proteja los derechos de todos; hacemos un llamado a los senadores para que lleven a cabo una discusión profunda y que hagan las modificaciones que mejoren esta iniciativa”, argumentaron los líderes empresariales en esta reflexión.
Los sectores económicos del estado, han insistido en la preocupación de las repercuciones que tendría una confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos debido a estas posibles reformas judiciales, afectando inversiones, mercados y cadenas de consumo y productivas con las que comercializan las empresas yucatecas.
Además del clima de incertidumbre económica que afecta de manera transversal de las empresas locales y regionales.
Según reportes de la Secretaría Estatal de Fomento Económico y Trabajo, en 2023 el volumen de importanciones y exportaciones de productos yucatecos superó los 449 millones de dólares, – unos 8 mil 980 millones de pesos, al tipo de cambio actual- únicamente a Estados Unidos, de las que dependen unas 17 mil micro y pequeñas empresas yucatecas.
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