
Eduardo May.- Mérida, Yuc. 13 de enero.- Con el propósito de garantizar la seguridad patrimonial de los habitantes de Yucatán, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida agilizará el cabildeo y las condiciones en la implementación de un reglamento que permita un mayor control y supervisión de autoridades municipales en la la actividad inmobiliaria en la capital yucateca.
Este marco normativo municipal estará listo el próximo 28 de enero, establecerá medidas para combatir las prácticas fraudulentas en la compraventa y renta de inmuebles y se trabajó de la mano de los especialistas del sector y los regidores del municipio para que conozcan y determinen las herramientas necesarias para ofrecer una mayor confianza en las gestiones que llevan a cabo los responsables inmobiliarios.
El reglamento contempla la creación de la “Licencia de Asesor Inmobiliario” y un Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, certificaciones que buscan profesionalizar al sector y asegurar que solo intermediarios debidamente acreditados puedan operar en el mercado.
Estas acciones están orientadas a evitar que personas improbizadas e intermediarios no certiicados participen e intervengan en transacciones inmobiliarias, lo que actualmente representa un riesgo significativo para los compradores.
Según la propia asociación, las quejas por denuncias y malas prácticas en el sector de la compra-venta y “correteo” de propiedades en Yucatán es muy alto, provocando graves pérdidas, condiciones de inseguridad y sobre todo, desacreditación de las empresas que trabajan y se dedican de manera profesional al sector inmobiliario.
Datos proporcionados por la AMPI indican que en Mérida más de 20 mil personas se dedican a la venta de inmuebles, pero solo alrededor de 600 cuentan con la debida acreditación. Esta discrepancia refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de establecer controles claros para garantizar la legalidad de las operaciones.
El nuevo reglamento también incluirá sanciones para quienes ejerzan como intermediarios sin licencia, lo que permitirá desalentar la informalidad en el sector. Además, se prevé que estas disposiciones contribuyan a establecer un entorno más transparente y confiable para los ciudadanos que deseen adquirir una vivienda o terreno en la región.
La propuesta ha avanzado gracias a la colaboración entre la AMPI y distintas instancias gubernamentales, que han trabajado de manera coordinada para cumplir con los plazos establecidos. Asimismo, se hace un llamado a los ciudadanos interesados en adquirir un inmueble a verificar que los asesores con los que trabajen estén debidamente registrados, con el fin de evitar inconvenientes legales o económicos.