Eduardo May.- Mérida, Yuc. 24 de mar.- En 2023 se denunciaron 2.9 millones de casos de extorsión en México, que ocasionaron pérdidas estimadas en 54,3 mil millones de pesos. El aumento de este tipo de delitos afecta directamente a las empresas, sus costos de operación, las condiciones de equilibrio y crecimiento de los empresarios y la inversión privada en nuevas fuentes de empleo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que, al menos 16 estados del país están sujetos a la violencia y daños por los ‘cobros de piso’, lesiones, robo y chantaje de grupos de delincuentes que dañan a empresas y negocios.
Las cifras del costo total del delito a consecuencia dela inseguridad en el país y el delito en unidades económicas representó un monto de 124 mil 300 millones de pesos a precios constantes y eso representa un 0.51 por ciento del PIB del país.
El organismo empresarial indicó que, los numerosos casos de violencia, inseguridad que prevalecen en estados del centro, norte y el Istmo de Tehuantepec dañan las condiciones de la sociedad y afectan a millones de personas que sufren por estos crímenes de los que únicamente se resuelve el 0,02 por ciento por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Coparmex reclamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que, uno de los mayores desafíos es la extorsión, con crimenes sangrietos y hechos de alta violencia que aumentan de manera desmedida sin una legislación eficaz.
El sector privado demandó al gobierno la urgencia reforzar las políticas, la estrategia y las medidas de seguridad. La IP señaló que, empresas de todos los tamaños, especialmente a las MiPyMEs y familias mexicanas han sido vulneradas en sus propiedades y condiciones por actos sanguinarios donde han perdido la vida empresarios y sus familias.
Según puntualizó el organismo empresarial las llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país. En tanto que, la pena actual va de 2 a 8 años de prisión, es preciso generar mayores acciones y sanciones para quienes cometen estos crimenes y aumentar las penas contra los criminales.
Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. Ya que, en algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la fiscalía federal impide respuestas efectivas, señaló Coparmex.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas. En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50 por ciento en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno.
Solo en enero de este año de 2025 se abriero 923 carpetas de investigación en Puebla por víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8 por ciento más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos tan solo en un estado del país.
Los reportes indican que, Guanajuato, la capital, Morelos, Tabasco, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, son los estados con mayor número de crimenes de esta naturaleza. Si bien, Yucatán reporta cero casos de extorsión, se sabe que en municipios del oriente del estado, empresas ganaderas y comercios no denuncian estos delitos por temor a represalias.
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