Eduardo May.- Mérida, Yuc. 29 de mar.- La declaración legal para retirar los alimentos chatarra de todos los centros educativos en sus diferentes niveles, pone en riesgo decenas de empleos formales e informales. Según cifras de la Cámara de Comercio de Mérida, poco más de 26 mil personas venden productos y alimentos a las puertas de las escuelas, en pequeñas cooperativas y centros educativos que deberán retirar estos productos.
El gobierno federal aprobó una ley en septiembre de 2024 para retirar todos los alimentos y bebidas azucaradas y endulzadas con químicos, colorantes. Los nuevos lineamientos para la preparación, distribución y oferta de alimentos y bebidas en todas las escuelas de educación básica, media superior y superior del país.
La determinación federal establece que, a partir de este 29 de marzo todas las escuelas púbicas y privadas deberán: vender variedad de frutas, verduras, cereales integrales, semillas y leguminosas secas. Además, disponer de agua simple potable y segura para consumir a libre demanda.
De la misma forma, prohibir la venta y publicidad de comida chatarra y bebidas azucaradas a granel, con sellos de advertencia y leyendas; prohibir la venta de alimentos preparados con altas cantidades de grasa, sal y/o azúcar. Así mismo, promover la recuperación de las preparaciones de alimentos tradicionales y de la región, Monitorear el cumplimiento de la ley (existen sanciones por incumplimiento).
La condición a esta normatividad son los altos índices de obesidd infantil y las tasas de defunciones en el país por diabetes que afectan a 4 de cada 5 ciudadanos. Con ello, los altos costos que significan para el sector salud, atención medica, medicamentos e curaciones por estos padecimientos en la población.
En Yucatán, las cifras de obesidad infantil ocupan los referentes más altos del país, ocasionando trastornos y graves problemas de salud a la población de estudiantes principalmente de educación básica. Por ello, el gobierno federal determinó la prohibición de venta y consumo de estos productos.
Según la Canaco-Mérida, poco más 26 mil personas expenden productos, comida, fritangas y alimentos a las puertas de las escuelas y dentro de planteles educativos, lo que obligará a una reconfiguración de sus actividades laborales debido a la aplicación de esta ley que deberá atender tanto la autoridad estatal, como municipal.
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