La administración de Donald Trump ha pedido a un tribunal comercial que rechace una demanda presentada por pequeñas empresas que cuestionan los aranceles globales impuestos por el presidente.
Estas compañías argumentan que los aranceles se basan en una falsa emergencia nacional y, por lo tanto, son ilegales.
El Departamento de Justicia afirma que los jueces no tienen autoridad para revisar la emergencia nacional declarada por Trump, quien argumenta que los déficits comerciales representan una grave amenaza para la seguridad nacional y la preparación militar. La presentación del gobierno se produce mientras Wall Street continúa recuperándose de los impuestos de Trump y se espera que las interrupciones del suministro afecten a los consumidores estadounidenses en los próximos meses.
La demanda, presentada a principios de este mes, es una de varias presentadas por grupos conservadores en nombre de las pequeñas empresas. Si el tribunal fallara en contra de Trump, sería un duro revés para su política económica y podría desencadenar otro enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial.
Las empresas argumentan que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles es inconstitucional y que la emergencia declarada por Trump es producto de su propia imaginación. Cualquier intervención judicial en el asunto, según la demanda, socavaría la capacidad del presidente para proteger la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.
El tribunal comercial especializado de Nueva York ha asignado el caso a un panel de tres jueces. La semana pasada, el panel rechazó la solicitud de las empresas para suspender de inmediato los aranceles de Trump, pero ahora han pedido una medida cautelar más duradera contra los aranceles. Un grupo de fiscales generales estatales demócratas también presentó una demanda ante el mismo tribunal.
La administración está tratando de transferir otros casos relacionados con aranceles a este tribunal, argumentando que tiene «jurisdicción exclusiva» sobre disputas arancelarias. Los abogados del Departamento de Justicia también argumentaron que la demanda de las empresas se basa en sus «opiniones personales sobre la teoría económica» y que es precisamente el tipo de juicio que recae en las ramas políticas del gobierno. Además, instaron al tribunal a exigir a las empresas el pago de fianzas equivalentes al monto de los posibles aranceles para continuar con su demanda si el caso avanza.
About the Author
