José Cortazar Navarrete–Mérida, Yuc. enero– Organizaciones civiles indígenas interpusieron el primer amparo contra la construcción del tren peninsular, estableciendo que, tanto la consulta realizada por el gobierno federal, como el objetivo económico que persigue este proyecto afecta a los pueblos indígenas mayas. El Consejo Regional Indígena y Popular de X’pujil, (CRIPX) demandó la cancelación total del proyecto.
En rueda de prensa, Sara López, Ernesto Jiménez, Elisa Cruz Rueda, Rommel Gómez y Artemia Fabré, integrantes del CRIPX, dieron a conocer su postura ante el avance del proyecto y la determinación de luchar para no permitir la construcción del tren.
En intervenciones conjuntas, los representantes de esta organización hicieron un llamado a otros grupos sociales a formar un organismo que detenga el proyecto al que calificaron como neoliberal y capitalista. Los denunciantes, dijeron ser habitantes de las comunidades de Calakmul, reserva de la biosfera que será afectada con el tránsito ferroviario.
De manera específica, Sara López, integrante de este organismo señaló que, buscan articular un grupo mayor de organizaciones para formar una agrupación mayor, ya que, entidades no gubernamentales de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas han denunciado la intervención del gobierno con amenazas y agresiones contra los opositores a este proyecto.
En su caso, Eliza Cruz Rueda, representante jurídica de la organización señaló que, el proceso de consulta llevada al cabo por el gobierno federal fue violatorio en el fondo y la forma, ya que, incluso la Organización de Naciones Unidas, se desmarcó del proceso, señalando las condiciones de desinformación que se realizó durante el proceso con los pueblos indígenas.
Cruz Rueda destacó que, el proceso de consulta no se puede repetir, porque de origen ya fue amañado y el gobierno federal insiste en desarrollar el proyecto aun y cuando no se han emitido los resultados de impacto ambiental, soluciones y cuestionamientos que han presentado las comunidades indígenas afectadas.
En su intervención, resaltó que, el proceso de consulta está viciado, fue un fraude y tras el requerimiento jurídico de amparo ante el Primer Juzgado de Distrito, con sede en Campeche, contra Fonatur, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el propio presidente de la República, por lo que, esperan la resolución para detener la construcción del ferrocarril.
Reclamó que, la determinación del CRIPX de detener la construcción del tren no es un asunto político, ya que, de origen el gobierno federal ha violentado los derechos de los pueblos originarios, evadiendo la responsabilidad de atender y preservar costumbres y tradiciones, así como su libre autodeterminación, además de que, el paso de este vehículo por zonas como la reserva de la biosfera de Calakmul, Sian Ka-an y otras áreas selváticas daña aspectos de la vida silvestre de la que dependen los habitantes de estas áreas.
Según indicó, la autoridad judicial de Campeche ordenó detener la aprobación del proyecto y con ello, detener actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.
Refirió que, el amparo se presentó el pasado 6 de enero en donde se reclama la “simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo Federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.
En la demanda se señala como autoridades responsables al presidente de la República, al director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons; a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al director de INPI, Adelfo Regino Montes, ya que, la consulta no cumplió con el carácter de “Informada, ni previa”, pues no se ofreció información detallada en la consulta realizada en 30 de noviembre de 2019.
Agregó que, la consulta tampoco cumplió con la determinación de hacerse de “buena fe y no fue culturalmente adecuada”, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en las casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.
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