Más acciones penales contra abusadores sexuales infantiles pide Vázquez Mota

José Cortazar Navarrete– Mérida, Yuc.  marzo- La senadora Josefina Vázquez Mota, ha solicitado la homologación a la legislación local penal del Estado de Yucatán, para que el delito de abuso sexual infantil no prescriba y se castigue a con el máximo rigor a agresores en escuelas, iglesias y unidades deportivas.

Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la República y ex candidata a la gubernatura del Estado de México, visitó Mérida para presidir el Foro “Erradicar la Violencia Infantil, tarea de todos”, acompañada de especialistas y abogados que trabajan con organizaciones civiles para atender este problema.

Dijo que, desde el Senado se busca que los estados del país homologuen sus legislaciones y se impongan penas más severas y acciones más concretas contra los abusadores sexuales, contra la pornografía infantil y el turismo sexual infantil que afecta a nuestro país.

Señaló que, cerca de 5 millones de niños han sido agredidos sexualmente en el país y que la tasa de agresiones sexuales crece, sin que las autoridades tomen las medidas correspondientes desde los diferentes ámbitos de su competencia, por ello se trabaja con especialistas, educadores, investigadores, legisladores y representantes del aparato judicial, para establecer más acciones punitivas y combatir estos lacerantes males.

Demandó acabar con el silencio sobre este tipo de crímenes que se gestan no solo en los hogares, sino también en escuelas, iglesias y centros deportivos, reclamando una mayor responsabilidad de las autoridades, tanto en el seguimiento de los casos, como también en la reparación del daño, con la responsabilidad de proteger a las víctimas de los agresores.

Destacó que es tiempo que la justicia escuche y responsa a los cientos de casos de agresión que se han presentado y se han callado por años. Sostuvo que, las autoridades deben de mantener una mayor responsabilidad en el seguimiento, la persecución y la justicia para los menores y las familias que han sufrido de este tipo de agresiones.

Manifestó que, es vital poder responder ante los numerosos casos de agresión que se presentan y que la sociedad guarda por vergüenza, señalando la determinación de que los responsables de estas agresiones respondan ante la ley y se apliquen las penas más severas, porque el daño que recibe un menor lo marca para el resto de su vida, puntualizó.

En este evento se ofrecieron presentaciones de tres organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde diferentes ámbitos con la violencia infantil. En su caso, Agustín de Pavía Díaz, representante del organismo “Yo También, organismo que trabaja con personas con capacidades diferentes, sostuvo que, la justicia mexicana no tiene las herramientas para juzgar y condenar a un menor con capacidades diferentes, ya que en muchos casos los considera imposibilitados para procesar una acción penal.

Dijo que, en seguimiento a diferentes casos que se han presentado sobre agresiones sexuales a personas con discapacidad, la justicia no cuenta con especialistas para las investigaciones correspondientes, no siempre se puede evaluar debidamente a un menor agredido y pocas veces se considera viable su denuncia, porque no los consideran como aptos en sus declaraciones.

A su vez, Denise Ivette Meade, representante de la agrupación Renacer, explicó que, es difícil erradicar la violencia contra los menores, porque, las autoridades en los estados no homologan las leyes para establecer requerimientos específicos y acciones más directas contra este tipo de crímenes.

Expuso que, según estudios e investigaciones realizadas, en el 93 por ciento de los casos, los niños dicen la verdad, cuando han sufrido una agresión, física o sexual y que, en el 7 por ciento de las ocasiones, muchas veces mienten por argumentos familiares, presiones de diferente índole para culpar a una persona o señalar un acto de agresión que desconocen en sus términos.

Por su parte, Alma Patricia Alfaro, especialista en psicología clínica infantil, destacó la naturaleza de los problemas que se presentan entre juzgadores y especialistas, debido a la falta de criterios y lenguaje específico para aceptar o validar un crimen sexual contra un menor, ya que, las legislaciones no establecen el mismo una descripción científica de un crimen y por ello, no es posible definir de la misma manera un abuso, una agresión o un acto abusivo contra un menor.

Sostuvo que, los juzgadores deben saber conocer y tener el criterio científico para aplicar la ley, ya que no todos los niños deben de ser encauzados a terapias clínicas tras una agresión sexual, y que, el 13 por ciento de las agresiones sexuales que sufren los niños, son provocados por mujeres, por lo que, también hay que saber distinguir del daño que ocasiona un adulto hombre o mujer a un menor, estableció.