José Cortazar Navarrete- Mérida, Yuc. 7 de feb– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE); y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas consideraron crítica la situación del inicio de año para los comunicadores luego de que se han presentado hechos sangrientos contra periodistas.
Los organismos de Derechos Humanos, señalaron el grave problema que vive México para el desarrollo del ejercicio periodístico y alertaron sobre reiterados insidentes en la seguridad y protección laboral de los comunicadores. En este sentido señalaron la falta de preocupación del Estado Mexicano por velar y responder por la protección de los periodistas.
Sobre este contexto, en septiembre del 2021, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), que forma parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se pronunció por la implementación de medidas urgentes en materia de seguridad y protección de los comunicadores yucatecos, quienes han denunciado en su momento, presiones, amenazas, vejaciones y presuntas agresiones.
El organismo recalcó la determinación de que las autoridades federales, estatales y municipales garantisen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Sin embargo; las agresiones no sólo no han cesado; sino que México terminó el año pasado situado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), junto con la India, como los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Y como un hecho, el inicio 2022 ha el más violentos contra periodistas al registrarse los asesinatos de: Roberto Toledo del Monitor Michoacán, el 31 de enero en Zitácuaro, Michoacán; de Lourdes Maldonado, de Sintoniza Sin Fronteras y Margarito Martínez el 23 de enero y el 17 de enero respectivamente, ambos en Tijuana, Baja California; así como el de José Luis Gamboa de Inforegio, el 10 de enero en Veracruz.
En este contexto, la FMOPDH asumiendo su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de comunicadores, así como de la sociedad a ser informada, considera indispensable un llamado a frenar esta crisis de violencia.
Además, refiere que, el Estado Mexicano debe de Investigar las agresiones cumpliendo las debidas diligencias en los procesos ministeriales en respuesta a la escalada de violencia. Así mismo, garantizar el acceso al derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas directas y sus familias.
Esclarecer los hechos a través de recursos judiciales adecuados y efectivos ante autoridades independientes, imparciales y competentes. Como una forma de reparación, un instrumento para que las autoridades rindan cuentas y un mecanismo de reconciliación entre las instituciones y la sociedad que impida que la impunidad siga siendo un incentivo en el ambiente de violencia contra las personas periodistas y comunicadores.
Garantizar el respeto de los derechos humanos de periodistas a la protección de su honra y dignidad en los términos establecidos por la CoIDH, basado en el Artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Es decir; generar un ambiente libre de calificaciones o acciones que estigmatizan y desacreditan la labor de las personas periodistas.
Contemplar en las todas las acciones, tanto a quienes trabajan en medios de información velando por los derechos de toda persona a libertad de pensamiento y de expresión.
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